Santa Fe: Diputados pone en agenda el robo de cables
“El gobierno apuesta a una Santa Fe conectada, se invierte en alumbrado público, en mejorar las líneas de transmisión de la EPE en toda la provincia y, por otro lado, no podemos controlar el robo que impide que se presten servicios por los cuales los usuarios pagamos tarifas” dijo Oscar Martínez (Frente Renovador) al término de la primera audiencia realizada por la Cámara de Diputados para abordar la problemática del robo de cables en los tendidos públicos en todo el territorio de la provincia. Fue ayer en el edificio que la Cámara tiene en la ciudad de Rosario y el martes próximo se hará otra audiencia en esta capital en el recinto legislativo.
Martínez y la socialista Lionella Cattalini presentaron sendos proyectos de ley para abordar la problemática y ayer encabezaron la audiencia rosarina con muy buena participación de empresas y donde además se sumaron el secretario de Seguridad Pública, Claudio Brilloni; el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Rosario, Gustavo Zignano; la fiscal regional interina María Eugenia Iribarren más dirigentes vecinalistas. Directivos de Enacom, así como funcionarios de Epe, Telecom, Litoral Gas, Fescoe, y otras prestadoras telefónicas.
La solución ¿pasa por el dictado de una ley?, ¿por ceder facultades de control a los municipios? ¿ajustar la registración de chatarras?. Fueron varias las posturas expuestas y en el encuentro Alejandro Saavedra, de Telecom llegó a señalar que “Rosario es el epicentro del robo de cable de cobre de Argentina”. La problemática está extendida en toda la provincia e incluso Martínez leyó una serie de títulos periodísticos de localidades de toda la provincia donde está la problemática. “Desde hace ya varios meses que los robos de cables tanto de luz como de teléfono han dejado de ser hechos esporádicos y circunstanciales para convertirse en una constante. Se trata de los cables que se encuentran en la vía pública, que pertenecen a las conexiones eléctricas de la EPE y a las empresas de telefonía”, añadió.
La fiscal Iribarren informó que dispuso que todas las denuncias sobre este tipo de delitos sean concretadas en un fiscal para unificar las investigaciones. Martínez hizo notar que “además de constituir un delito, estos hechos perjudican seriamente a instituciones y particulares. Desde dependencias estatales, pasando por instituciones educativas y alcanzando también a particulares, pero no de forma individual sino en barrios enteros, son muchos los ciudadanos que se ven perjudicados. Las instituciones al quedarse sin teléfono e Internet reducen notoriamente su capacidad operativa, y sin luz directamente pueden abrir”.
La socialista Cattalini expuso detalles sobre el proyecto de ley que ingresara en febrero para crear un “Registro Único de Comerciantes de Metales No Ferrosos”, destinado a titulares o responsables de comercios y locales, y a quienes realicen actividades de carácter comercial o industrial en forma permanente o eventual con metales no ferrosos. Estos deberán llevar un libro donde consten datos sobre la compraventa y las personas que intervienen.
“El robo de cables es uno de los delitos que más daños ocasionan, tanto por la cantidad de damnificados como por el perjuicio que produce para las empresas. Desde la EPE, por ejemplo, expresaron que ya les robaron 160 mil kilos de cobre sólo en la ciudad de Rosario”, explicó Cattalini.
“La revalorización del precio internacional del cobre y del bronce impulsa las operaciones de grupos organizados que aprovechan un activo circuito ilegal para su reducción y reventa clandestina. Es una modalidad delictiva, es capaz de alimentar un importante mercado negro con fácil disponibilidad de dinero, agregó Cattalini. Para la socialista este delito incluye la intervención de tres sectores bien diferenciados: los sujetos encargados de la sustracción material del tendido de cables; los responsables de las distintas chatarrerías que operan como comercios legales y que compran en el mercado negro el material robado y lo almacenan y las fundiciones, talleres donde, a través de procesos metalúrgicos específicos, se separa el cobre del aislante que lo contiene para su posterior venta.
“Necesitamos romper este circuito e intervenir con una política pública capaz de controlar y penalizar a quienes se encuentran en este circuito ilegal, y también trabajar coordinadamente con las empresas damnificadas, vecinos, municipios y comunas”, explicó la legisladora.
