Senadores de Santa Fe critican la certificación monopólica sobre cada camión que sea reparado
Por Luis Rodrigo
En solo tres meses, entre febrero y abril del año pasado, se pudieron inscribir a nivel nacional (tras la publicación de una disposición de la Subsecretaría de Transporte de la Nación) los nuevos Centros de Certificación de Modificaciones de Vehículos de Transporte de Carga de Jurisdicción Nacional, al cuarto ya estaban funcionando.
A nivel nacional se registraron 78. Y 11 de ellos están en la provincia de Santa Fe, donde 10 tienen como certificador titular a un ingeniero que reside en la ciudad de Buenos Aires y es el presidente de la Asociación de Ingenieros y Técnicos del Automotor a la que diez veces menciona la disposición que creó ese mecanismo de control que el senador provincial Lisandro Enrico (UCR-General López) no duda en calificar de “monopólico”.
Fue el presidente de la bancada radical quien llevó el tema al recinto, lo expuso desde su banca con expresiones como “se les mete la mano en el bolsillo a los camioneros” y quien convenció a sus pares de los demás bloques de votar una proyecto de comunicación donde la Cámara alta de la Legislatura santafesina fija posición sobre el “triple control” que deben cumplir las empresas del sector y la mini pymes familiares de una o unas pocas unidades.
Tras la pandemia, en plena sequía
La apurada puesta en marcha de los controles por triplicado para camiones reparados o modificados se llevó a cabo en tan solo 120 días. Y tal eficiente desempeño se logró con lo que bien se podría calificar como un esfuerzo de colaboración público-privado, en el que el Estado Nacional creó la demanda (todos los camiones que no sean 0 km o hubieran sido modificados) y la iniciativa de los particulares (78, en todo el país) se ocupó de atenderla.
Además, la aparición de los interesados en participar de la nueva instancia de homologación, de la creación de los Centros de Certificación y de la adquisición de todo lo necesario para esa nuevo control apenas demandó cuatro meses de 2022 a partir del dictado de la disposición que, el 8 de febrero del año pasado, firmó María Laura Labat , quien dejó el cargo por razones personales el 14 de marzo y se volvió a la Legislatura cordobesa.
El Ministerio de Transporte está en manos del santafesino Diego Giuliano, asumió en diciembre pasado, antes fue su viceministro. Casualmente, el abogado fue entre 2007 y 2011 secretario legislativo de la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe que ahora le reclama que baje lo dispuesto antes de su llegada a la titularidad de la cartera.
Respuesta por unanimidad
Ahora, la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe le solicita al Poder Ejecutivo Nacional y por su intermedio al Ministerio de Transporte y a la Subsecretaria de Transporte Automotor que “se deje sin efecto la Disposición Nro. 01/2022 de la Subsecretaría de Trasporte Automotor publicada en el boletín nacional el 10/02/2022 en lo que respecta a la creación de los CENTROS DE CERTIFICACIÓN DE MODIFICACIONES DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS DE JURISDICCIÓN NACIONAL (modificatoria de la Disposición 25/2009)”. (El subrayado corresponde al original). En redes sociales, existe la convención de que se grita cuando se usa la imprenta mayúscula, y acaso así se haya escrito en los papeles que el senador Enrico recibió de empresas, asociaciones y camioneros que entre combustible, canon y tiempo perdieron cientos de miles de pesos para cumplir con la nueva homologación.
El nudo de la queja de los transportistas -que ahora el Senado de la Provincia de Santa Fe hace suya y la lleva al despacho del ministro Giuliano- es que “las modificaciones y reparaciones que certifican los Centros de Certificación ya se ejecutan en Talleres de modificación y reparación, habilitados por la Comisión Nacional de Tránsito y Seguridad Vial e inscritos en el Registro de la CENT (más de 60 en la Provincia de Santa Fe), los cuales funcionan bajo la Dirección Técnica de un ingeniero. matriculado, quien emite un certificado dando aval de los trabajos realizados por dichos talleres siguiendo procedimientos homologados en su accionar”.
Ahora bien, “si observamos el Registro publicado por la CENT de los Centros de Certificación encontramos que, de los 11 habilitados en la provincia de Santa Fe, 10 de ellos tienen el mismo Ingeniero Certificador Titular, quien es el Presidente del Consejo Directivo de AITA (Asociación de Ingenieros y Técnicos del automotor), certificando las unidades, según los extensos requisitos y requerimientos que surgen de la Disposición 01/2022 y normas complementarias, teniendo en cuenta que existen por ejemplo mas de 380 km entre los Centros donde dicho profesional presta sus servicios (Avellaneda- Venado Tuerto), convirtiéndose ello en un requisito meramente formal”.
Y a continuación, la comunicación reflexiona: “pareciera que no se confía en la certificación que realiza el Profesional de los Talleres de modificación y reparación ya habilitados”. El Senado se queja ante el alto funcionario nacional santafesino de que “se burocratizan aún más las exigencias hacia los titulares del transporte de cargas, que ahora ven que, no basta con realizar las modificaciones o reparaciones en los Talleres habilitados, sino que deben trasladarse físicamente a los Centros de Certificación, para que allí se les imprima el ICM (Informe de Configuración de Modelo), que firma un profesional desde las oficinas de AITA en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para posteriormente, cuando corresponda, pasar por la RTO para finalizar todo lo atinente para estar en regla y ser liberado al tránsito público”.
No está en la Ley de Tránsito
La comunicación que aprobaron los senadores provinciales por unanimidad, propuesta por Lisandro Enrico, advierte que “por art. 34 de la Ley Nacional de Tránsito Nro. 24.449 del año 1995, se crea el Sistema Nacional de Revisión Técnica Obligatoria (RTO)” y que hoy ya “existen en el país 112 talleres habilitados los cuales funcionan bajo la Dirección Técnica de un Ingeniero matriculado con incumbencias especificas en la materia, 15 (quince) se encuentran instalados en la provincia de Santa Fe, los cuales tienen como objetivo que todos los vehículos automotores, acoplados y semirremolques destinados a circular por la vía pública están sujetos a la revisión técnica periódica a fin de determinar el estado de funcionamiento de las piezas y sistemas que hacen a su seguridad activa y pasiva y a la emisión de contaminantes”.
“Los talleres de la RTO -sigue el texto que la Cámara en pleno votó favorablemente- se encuentran bajo administración y control permanente de la CENT (Consultora Ejecutiva Nacional de Transporte), quien además cuenta con una unidad de revisión técnica móvil completamente autónoma que le permite efectuar la tarea de control en cualquier lugar del país que la autoridad de aplicación designe y una unidad móvil para el control de contaminación”.
Por todo lo expuesto, dice la minuta aprobada el jueves 4, “entendemos la necesidad de hacer más eficiente y eficaz los procedimientos que el Estado regula para la temática que nos ocupa, considerando que la incorporación de mayores controles en determinadas circunstancias no garantizan el cumplimiento de los objetivos sino que los desvirtúan, aumentando las cargas, no solo en términos económicos sino en tiempos totalmente inútiles y desprovistos de un lógica de mejora, lejos de los estándares que cómo Estado debemos perseguir y velar, para que dejemos atrás al Estado redundante y avancemos a un Estado de calidad, garantía, practicidad, transparencia y celeridad. Alentando los controles necesarios que se deban realizar, por medio de auditorias, a los Talleres de modificación y reparación y a los Talleres de la RTO en pos de garantizar la seguridad vial de las unidades de transporte que transitan nuestras rutas y caminos”.
