El gobierno defiende la medida, pero crecen las críticas
Siguen las reacciones por la designación de Lijo y García-Mansilla en la Corte
El presidente Javier Milei designó por decreto a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como nuevos jueces de la Corte Suprema, sin el acuerdo del Senado. Legisladores de distintos sectores denuncian la inconstitucionalidad de la medida y advierten sobre sus implicancias en la independencia judicial.
El presidente argentino, Javier Milei, ha designado por decreto a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como nuevos jueces de la Corte Suprema de Justicia, una medida que ha generado controversia y debates sobre su constitucionalidad.
La Constitución Nacional establece en su artículo 99, inciso 4, que el nombramiento de jueces de la Corte Suprema requiere el acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes. Sin embargo, el inciso 19 del mismo artículo permite al presidente realizar nombramientos en comisión durante el receso del Congreso, hasta el fin del siguiente período legislativo. Milei ha invocado esta última disposición para justificar su decisión, argumentando la necesidad de completar las vacantes en el máximo tribunal, que actualmente opera con solo tres de sus cinco miembros.
No obstante, expertos constitucionalistas y diversos sectores políticos cuestionan la validez de esta acción. El exjuez de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, calificó el decreto de Milei como "inconstitucional" y advirtió sobre posibles denuncias penales contra los involucrados. Además, señaló que las decisiones que tomen Lijo y García-Mansilla podrían ser declaradas nulas por no contar con el acuerdo del Senado, tal como lo exige la Constitución.
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Ante las críticas, el gobierno defendió la necesidad de garantizar el pleno funcionamiento de la Corte Suprema. Una fuente de la presidencia, que prefirió no ser identificada, señaló que "durante el plazo de funcionamiento en comisión, el Gobierno continuará insistiendo para que el Senado apruebe los pliegos de ambos funcionarios".
La controversia se intensifica con la figura de Ariel Lijo, quien ha sido objeto de múltiples denuncias y es percibido por algunos sectores como alineado con los intereses del Ejecutivo. Por su parte, Manuel García-Mansilla, académico de derecho, es conocido por sus posturas conservadoras, lo que también ha suscitado cuestionamientos sobre su idoneidad para el cargo.
La situación actual plantea un escenario complejo en el que se entrelazan interpretaciones constitucionales, tensiones políticas y debates sobre la independencia judicial en Argentina.
Ola de críticas
La diputada nacional Margarita Stolbizer expresó su rechazo en la red social X (antes Twitter), calificando la acción como un "Decretazo a la impunidad". En su mensaje, afirmó: "Poner jueces de la Corte por decreto siempre está mal, pero hacerlo con Lijo demuestra que la degradación de esta gente es total".
Desde el ámbito legislativo, el interbloque de senadores de Unión por la Patria expresó su categórico rechazo a las designaciones, calificándolas de "una maniobra que viola de manera tajante lo dispuesto por la Constitución Nacional y la normativa vigente". En un comunicado, afirmaron que "sin acuerdo, no habrá juez de la Corte".
El senador Martín Lousteau también manifestó su oposición, señalando: "Una vez más, Milei muestra el desprecio que tiene por la Constitución y su devoción por la mentira como método".
Desde el Frente de Izquierda, el diputado Nicolás del Caño consideró que la designación por decreto es "otra muestra del autoritarismo del gobierno de Milei que quiere seguir gobernando por decreto y pretende tener una Corte adicta que le garantice impunidad".
La exdiputada Myriam Bregman sugirió que el gobierno busca distraer con esta maniobra para desviar la atención del escándalo relacionado con la criptomoneda $LIBRA.
La líder de la Coalición Cívica, Elisa "Lilita" Carrió, calificó el nombramiento de Lijo como "un escándalo de corrupción de magnitud nacional e internacional".
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) también se pronunció en contra, señalando que la medida es "inconstitucional y antidemocrática".
Ante las críticas, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, defendió la decisión presidencial, argumentando que la herramienta utilizada es constitucional y ha sido empleada por anteriores mandatarios.
La controversia en torno a estos nombramientos refleja las tensiones políticas y jurídicas actuales en Argentina, y plantea interrogantes sobre la independencia judicial y el respeto a los procedimientos constitucionales establecidos.
