Sin acuerdo para regular feed lots en Santa Fe
La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados escuchó diversas posturas institucionales acerca del proyecto de ley que busca regular los establecimientos destinados al engorde de ganado intenso bovino a corral, los llamados feed lot. “Es un tema muy controversial”, admitió la socialista Erica Hynes, presidenta de la citada comisión y quien recibió a productores, colegios profesionales y académicos. A esa reunión presencial se fueron sumando desde la virtualidad otros diputados e interesados en la temática.
Medio Ambiente tiene un expediente con el dictamen favorable que sobre la temática realizó la Comisión de Agricultura y Ganadería a un proyecto de Fabián Bastia (UCR – Evolución) al que se sumaron ahora sendas iniciativas de Fabián Palo Oliver (Radicales Libres) y la propia Hynes que tomó como base un proyecto del ex titular de la Cámara, Antonio Bonfatti, que llegó al recinto, fuera votado afirmativamente y caducó en el Senado.
El proyecto de Bastia abarca predio agropecuario y/o establecimiento de engorde, “que posee animales bovinos, bubalinos, ovinos, caprinos, porcinos, equinos, propios o de terceros, en confinamiento, para realizar actividades de recría, engorde o terminación de los mismos, con la finalidad de producción de carne, a los cuales se le suministra una dieta a base de alimentos formulados, granos, silos, rollos y/o corte de pasturas, entre otros insumos y/o ingredientes, en forma permanente, sin ofrecerles acceso a pastoreo directo y voluntario durante toda la estadía” así como a los “establecimientos avícolas de reproducción e incubación, de engorde, de huevos para consumo humano y de otras especies domésticas explotadas con fines comerciales”.
Ante el avance del proyecto, fueron los propios productores que solicitaron exponer ante la Comisión de Ambiente. Los primeros en fijar posición fueron Solange Preuss y Patricio Reviriego de la Cámara Argentina de Feedlot y luego Carlos Sines, Alejandro Coianiz y Edelweis Fornari del Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA). “Los productores bovinos y porcinos entienden que no hay vacío legal”, señaló Hynes en referencia a la vigente resolución ministerial 2309/09 de la entonces Secretaría de Ambiente de la provincia. En cambio, los productores avícolas entienden que su actividad no debe estar reglada en la misma norma que los productores bovinos y porcinos.
Las provincias de Buenos Aires y de Córdoba tienen leyes sobre la materia y los productores explicaron que hay experiencia no positiva en la primera provincia mientras que tiene mejor funcionamiento la cordobesa.
También la comisión recibió el informe del Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario que pusieron a disposición toda la tarea científica llevada adelante sobre la materia. “Hay evidencias de que la cría intensiva tiene efectos sobre la salud humana” afirmaron dos de los expositores.
Finalmente fue el turno de los Colegios de Ingenieros Agrónomos y del Colegio de Médicos Veterinarios que pidieron no apurar el avance del tema y reclamaron ser escuchados en la temática. Carlos Carballo y Carlos Collins representaron a los agrónomos y Miguel Angel Pagni y Fernando Apa a los veterinarios.
Hynes admitió que “no hay consenso” entre los diferentes expositores y señaló que en la próxima reunión de la Comisión consultará con sus pares para determinar si ponen el tema a debate en lo que resta del presente período Ordinario de sesiones. “Lo veo difícil porque también hay posturas encontradas dentro de la comisión sobre lo que debe tener una ley en la materia” reconoció la socialista.
El proyecto de Bastia determina que el Ministerio de la Producción Ciencia y Tecnología, en coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente y con SENASA y COPROSA, actuará como autoridad de aplicación; deja en manos de municipios y comunas determinar zonas críticas donde no podrán instalarse los feed lot pero aclara que son zonas críticas “las poblaciones, núcleos urbanos preexistentes, centros públicos y privados de atención de la salud, centros educativos, establecimientos donde se elaboren productos alimenticios, canales, ríos, arroyos, lagunas y zonas donde la profundidad del agua subsuperficial llegue a 1,5 metros en época de alta”.
El proyecto establece una serie de controles, condiciones de infraestructura y sanitarias a que deberán sujetarse las instalaciones, así como el sistema de sanciones y multas.
El texto de Palo Oliver valora desde el punto de vista económico el avance significativo logrado por este sistema productivo, pero entiende debe haber un análisis exhaustivo sobre el impacto ambiental que precede a la instalación de la actividad. “Nuestra intención no es poner trabas para el desarrollo, sino ajustar todos los detalles para que el asentamiento de actividades ganaderas con este perfil, en nuestra provincia no se vea afectado, por los efectos negativos que provocaría dicha actividad productiva”.
En tanto, el proyecto de Hynes propone regular un marco básico que determine las obligaciones, tanto a cargo de los titulares de este tipo de establecimientos, como de los profesionales que resulten corresponsables de las condiciones que aquellos deben reunir para su habilitación y funcionamiento, teniendo siempre en cuenta la preservación del medio ambiente, la calidad de los alimentos de origen animal, la protección de la salud animal y, en definitiva, de la salud humana.
