Del grupo Vicentin
Situación crítica de una industria textil norteña
Algodonera Avellaneda apeló el pago del Anticipo Extraordinario de Ganancias. Consiguió dilatar el reclamo de la AFIP por 6 meses. En sus argumentos, esgrimió tres balances consecutivos perdidosos. Y dijo hallarse en situación de “disolución”.
La Cámara Federal de Resistencia hizo lugar a la apelación interpuesta por la firma Algodonera Avellaneda -con sede en Reconquista- y ordenó a la AFIP suspender la aplicación del cobro del Anticipo Extraordinario de Ganancias por el plazo de 6 meses.
La empresa norteña -integrante del conglomerado industrial de Vicentin SAIC- había solicitado la medida cautelar en base a que la actividad que desarrolla se vio influenciada negativamente por el marco internacional y las “contingencias climáticas y económicas de nuestro país”, entre otros, a la vez que expuso que al cierre del ejercicio 2022 el patrimonio neto de la empresa fue negativo a causa de los quebrantos.
En el mismo plano argumentativo, AA señaló que las pérdidas que la empresa presentó en los ejercicios 2021 y 2020 generaron un “déficit de patrimonio neto”, lo que importó que “la empresa se encontrare en una situación de disolución por pérdida de capital social", situación que se repitió en el ejercicio 2022 y desnudó la situación de zozobra que afronta la textil.
Sin fondos
En cuanto a la demanda de la Administración Federal Ingreso Públicos, la textil manifestó que su situación actual -y su exposición frente al Anticipo Extraordinario- puntualiza que los principales indicadores en función del balance 2022 demuestran que “Algodonera Avellaneda SA no posee fondos para hacer frente a su pasivo, menos aún detraer parte de sus exiguos ingresos para afrontar el pago del Anticipo Extraordinario por $ 328.374.718,29”.
Adelantó en el mismo tono que, de acuerdo a la certificación contable correspondiente al período fiscal 2023, se “proyecta un resultado negativo incrementándose el multimillonario quebranto que la empresa traslada”, al tiempo que aseguró que el pago del tributo reclamado por el organismo recaudador “comprometería seriamente la continuidad de la actividad de la empresa, y con ello la subsistencia de 592 fuentes de trabajo”.
AA insistió ante el Tribunal cimero con que se encuentra en “causal de disolución por pérdida del capital social” y que “registra capital de trabajo negativo” por lo que no puede hacer frente a su pago en un marco de “situación económica y financiera crítica”, que no obtendrá resultados operativos positivos en el período fiscal 2023.
Para los camaristas, mereció ponderación la particular situación que atraviesa la empresa ya que “se advierte también que figura en Estado 5 -irrecuperable- en la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina”.
Razones
Los jueces de segunda instancia adosaron a su fallo los planteos enunciados por AA referentes a que, por efecto de las condiciones climáticas adversas, ha visto reducida su capacidad de generación de fondos, debiendo administrar los recursos disponibles para pagar sueldos y mantener los activos hasta la nueva campaña que se iniciará con la siembra a fin de año, con perspectivas más favorables siempre que las condiciones climáticas e internacionales acompañen.
Y razonaron que “resulta reveladora la preocupación expresada por un grupo de empleados de la empresa, quienes solicitaron intervención en carácter de ‘Amigos del Tribunal’ en razón de que, ante la inminencia de la ejecución fiscal respectiva, advierten comprometida la continuidad de la empresa, por ende, de sus puestos de trabajo y fuentes de ingresos familiares”.
