La Cámara de Diputados votó, con amplia mayoría, un proyecto de ley con la posibilidad de sumar beneficiarios a la Caja de Pensiones Sociales ley 5110 teniendo en cuenta una serie de situaciones de necesidad de contención social como familiares de víctimas de delitos, víctimas que a causa de los hechos padezcan discapacidades; transplantados o en lista de espera: travestis, transexuales y transgénero mayores de 35 años de edad.
Suman beneficiarios a la Caja de Pensiones Sociales de la ley 5110
Fue uno de los más de 30 proyectos de ley aprobados en una sesión que tuvo en la previa una extensa reunión de Labor Parlamentaria donde uno de los ejes fueron los pedidos del justicialismo para formar una comisión especial o bien separar del cuerpo a Amalia Granata por sus expresiones, primero en un Twitter planteando dudas sobre el atentado a la vicepresidenta de la Nación, y luego amenazando en un programa radial como revelar ‘chanchullos’ de la Cámara. Esta última cuestión la relativizó y señaló que fue en tono de broma como suele realizar en el programa que la tiene como co conductora en una radio porteña. Granata rechazó el pedido de alguno de los jefes de bloque para que se rectifique en sus términos en el recinto. Algunos de los participantes en Parlamentaria señalaron que en ese ámbito cerrado, Granata dijo que si “alguien se sentía ofendido pedía disculpas”. No obstante, los planteos justicialistas no tuvieron eco para llegar al recinto donde sobre el final hubo manifestaciones críticas de varios de ellos como Leandro Busatto, Matilde Bruera, Paola Bravo o Cesira Arcando aunque a ese momento Granata se había retirado del recinto. Bruera y Arcando cuestionaron que Granata no haya hecho las disculpas ante el cuerpo en el recinto. También el radical Fabián Palo Oliver fue muy crítico de la ausente y consideró que se necesita una disculpas por sus apreciaciones radiales.
En cuanto a la ampliación de beneficiarios de la Caja 5110, la Cámara trabajó proyectos propios con una media sanción del Senado a través de una iniciativa de Alcides Calvo (PJ – Castellanos). Se trata de proyectos de Lucila De Ponti (PJ), Walter Ghione (UNO) y de Oscar Martínez (Frente Renovador). De Ponti señaló que los cambios introducidos al proyecto de Calvo tienen el consenso del senador y de las propias autoridades de la Caja por lo que vaticinó una pronta sanción de la reforma. A su lado, Ricardo Olivera (PJ) dio cuenta que el presupuesto prevé el pago de 25.000 beneficiarios en esa Caja y hoy son 21.000 los que perciben haberes de esa repartición. Los beneficiarios del sistema son personas que se encuentren en una situación de vulnerabilidad social que pone en riesgo o dificultades que inhabilita, afecta o invalida la satisfacción de las necesidades básicas de las personas.
Así incluyó como posibles beneficiarios aquellas personas sin beneficios que padezcan discapacidad, así como transplantadas o en lista de espera; también niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad social en el grupo familiar conviviente; las víctimas de un delito cuando del hecho derive la incapacidad total o parcial y permanente para trabajar, y siempre que la persona no sea declarada como autora, coautora o cómplice del hecho delictivo. También alcanza a personas víctimas de violencia de género que cumplan una serie de requisitos contemplados en la ley orgánica de la Caja. En otro artículo se incluyó a las personas travestis, transexuales y transgénero mayores de 35 años de edad que hayan procedido o no a la rectificación registral del sexo, nombre de pila e imagen de conformidad con lo dispuesto en la ley Nacional 26743.
Antes de la aprobación fueron Martínez y De Ponti quienes expusieron las razones para incluir a sectores en el sistema. El primero marcó que la Caja perdió beneficiarios por las políticas nacionales y saludó la posibilidad de incluir a víctimas de delitos, “tenemos que proteger a las familias de personas que fueron víctimas de delitos”, acotó. “Es una política de reparación para sectores excluidos” subrayó De Ponti.
Seguridad
Mocionado por la bancada socialista, la Cámara de Diputados votó una resolución convocando al ministro de Seguridad, Rubén Rimoldi a los efectos dar información sobre la ejecución de la emergencia en seguridad pública que votara el cuerpo a principios de año. Antes, la Comisión de Seguridad que encabeza el radical Juan Cruz Cándido había cursado la invitación al funcionario de Perotti a que asista a un encuentro con ese grupo de trabajo.
Aval de la Corte
El presidente de la Cámara de Diputados, Pablo Farías, hizo leer al secretario parlamentario, Gustavo Puccini, la nota que había ingresado en las primeras horas de la tarde de ayer firmada por la ministra de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Celia Arena.
En la nota se hace llegar la copia de la resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que convalidó el acuerdo entre Santa Fe y la Nación para el pago de la deuda y el acuerdo protocolizado.
Otro no de Granata
La Cámara Baja votó a instancias de Leandro Busatto (PJ) una declaración rechazando la destrucción de imágenes que identifican como Néstor Kirchner una sector de la costanera este santafesina, hecho ocurrido en las últimas horas del miércoles. La única que pidió no votar el texto fue Amalia Granata quien se expresó en rechazo al texto validado por el resto del cuerpo.
Granata consideró que no debía retractarse de sus apreciaciones públicas en el recinto. Fue la discusión interna en Labor Parlamentaria, previa a la sesión. Foto: Luis Cetraro
Tarjeta de ciudadanía
Al momento de fundamentar los cambios en la ley 5110, Oscar Martínez (Frente Renovador) cuestionó al gobierno provincial por la Tarjeta de Ciudadanía que hoy tiene un valor de mil pesos mensuales para cada beneficiario. “Parece un chiste decir que es dar ciudadanía a una persona con mil pesos” advirtió el legislador.
Más tarde también se votó una actualización trimestral de los valores de copa de leche y comedores comunitarios y la autora del proyecto, la radical Silvina Di Stéfano, advirtió que los valores actuales son irrisorios pero además cuestionó la demora del Ejecutivo en girar los recursos mensuales a las instituciones que prestan la asistencia.
Iapos
Diputados votó media docena de pedidos de informes y declaraciones pidiendo la normalización del pago de prestaciones por discapacidad por parte de la obra social de la provincia, Iapos. Hubo también una serie de ponencias para fundamentar la decisión donde hubo coincidencias en advertir que se afectan prestaciones a personas en situaciones de vulnerabilidad.
