Firme decisión
Transparentar gastos reservados: por pedido de Pullaro vuelve una ley vetada en 2020
Buena parte del llamado paquete de leyes sobre Seguridad sigue en comisiones en las dos Cámaras de la Legislatura. Entre los expedientes que se aprobaron sin demoras se encuentra el mismo texto que había abortado la Casa Gris tres años atrás.
En noviembre de 2020, un inédito debate en la Legislatura santafesina logró avanzar en dos leyes sobre la investigación y la defensa penal, para una mayor transparencia en el uso de los recursos públicos y para proteger la imparcialidad de los fiscales y los defensores en su actuación.
Tres años atrás se aprobaban en Santa Fe dos normas para ampliar las incompatibilidades en los cargos del Ministerio Público de la Acusación y en el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, y para que haya una revisión periódica de los llamados gastos reservados, utilizados tanto para la investigación penal para la acusación como para la protección de testigos colaboradores de la justicia.
Ese año, el entonces gobernador Omar Perotti impuso el veto sobre los dos asuntos. Al cabo de su tratamiento en ambas Cámaras, porque no logró los dos tercios en Diputados (sí lo había hecho en Senadores) cayó la ley de control de los gastos reservados y con ello se parecía perder la oportunidad histórica de regular controles sobre los dineros públicos destinados a investigar.
Aquellas dos leyes, en medio de la primera mitad del gobierno de Perotti fueron mal llamados por la prensa en general como "proyectos anti Sain". Tal era la centralidad del ex ministro de Seguridad y ex jefe en uso de licencia sin goce de sueldo del Organismo de Investigaciones del MPA que esa etiqueta (una simplificación excesiva) eclipsó un debate mucho más relevante que un funcionario, que es siempre una figura pasajera.
Fuera de la Legislatura, unos pocos espacios periodísticos y medios (desde esta columna, entre otros) se advirtió que las leyes, sobre todo en materias tan delicadas, deben ser alumbradas para durar y no responder a un mero contexto de enfrentamientos entre un funcionario de la Casa Gris y buena parte de los legisladores de la oposición radicales y socialistas y de una parte del justicialismo en el Senado. Sain había logrado unirlos bajo el mote del "bloque de poder" que -afirmaba el otrora poderoso bonaerense- era responsable de las más variadas impunidades, en razonamientos que vinculaban a las instituciones santafesinas con el narcotráfico.
El tiempo demuestra que no eran, como se decía en El Litoral, leyes "anti" sino en favor, en pro de mejorar el sistema de justicia y el funcionamiento del Estado, más allá de la oportunidad que las propiciara. O de las segundas intenciones que pudieran impulsarlas.
Cambio
En cuestión de horas, desde su llegada a las Cámaras hasta su aprobación, la ley de Transparencia para los Gastos Reservados fue aprobada, junto a otras tres vinculadas a la seguridad.
El tema ingresó por la Cámara de Senadores, que había confirmado la misma norma (con otra composición) tres años atrás. De la actual aprobación y de aquella ley hablaron a su turno el senador Armando Traferri (PJ-San Lorenzo), Felipe Michlig (UCR-San Cristóbal) y Francisco Garibaldi (PS-Unidos-La Capital). Los dos primeros fueron los jefes de los bloque que impulsaron aquellas reformas, el tercero elogió aquel debate y destacó la nueva aprobación. Los tres mencionaron que parte de las investigaciones judiciales contra Sain refieren justamente al uso de los gastos reservados, además de las conocidas "filtraciones" de información del MPA a la Casa Gris por espionaje contra empresarios, periodistas, editores y dirigentes políticos opositores y del oficialismo.
Traferri llamó a la Comisión de Acuerdos a actuar contra los integrantes del MPA que fueron parte de ese esquema de flujo de datos ilegal, Michlig recordó que fue el gobernador Perotti quien logró imponer el veto en Diputados y Garibaldi destacó el daño a las instituciones de aquellos años.
Seguridad en la ciudad capital
Sobre tablas, sin debate y por unanimidad se aprobó en el Senado un proyecto de comunicación del senador Julio Francisco Garibaldi (PS-La Capital), por el cual el cuerpo legislativo solicita que el Ministerio de Justicia y Seguridad convoque al Consejo de Seguridad del departamento capitalino "a la mayor brevedad".
