Unificación de pena
Tres años de prisión a hombre que amenazó a policías y guardias de seguridad en un pub de Wheelwright
Se trata de Lucas Matías Espinoza, de 30 años. El monto de la pena resultó de la unificación con otra anterior. Cometió el delito en la puerta de un local bailable al que no lo dejaron ingresar por haber causado disturbios en ocasiones previas. La fiscal que estuvo a cargo de la investigación es Susana Pepino.
Un hombre de 30 años identificado como Lucas Matías Espinoza fue condenado a tres años de prisión efectiva por haber amenazado a policías y guardias de seguridad privada en la localidad de Wheelwright (departamento General López).
La fiscal Susana Pepino llevó a cabo la investigación. En tal sentido, aclaró que “el monto de la pena impuesta a Espinoza resultó de la unificación con un antecedente penal condenatorio que era de cumplimiento condicional, modalidad que fue revocada”.
De madrugada
La funcionaria del MPA indicó que “el hecho ilícito fue cometido el domingo 30 de julio de este año alrededor de las 4:00 de la madrugada”, y precisó que “tuvo lugar en la puerta de entrada a un pub ubicado en General López y San Martín”. Al respecto, afirmó que “al condenado se le impidió el ingreso por disturbios que había causado en ocasiones previas, lo cual motivó su reacción violenta”.
Pepino remarcó que “Espinoza confrontó con guardias de seguridad privada y luego con agentes policiales que fueron convocados por un empleado del local bailable”. Sostuvo que “los amenazó alegando que tenía vínculos con una banda narcocriminal de Rosario”, y agregó que “mientras los insultaba, empujó a varios uniformados y arrojó un golpe de puño hacia un oficial que logró esquivar el ataque”.
Juicio abreviado
En un juicio en el que se abreviaron los procedimientos, Espinoza fue condenado como autor de amenazas y resistencia a la autoridad. La pena fue impuesta por la jueza Silvina Marinucci en los tribunales de Melincué.
Por su parte, la Defensa manifestó su conformidad con la atribución delictiva, la pena única a tres años de prisión efectiva y la modalidad elegida para resolver el conflicto penal.
