Un hombre clave de la Megaestafa inmobiliaria accedió a la prisión domiciliaria

Raúl Jaime, uno de los pilares fundamentales en la estructura delictiva de la Megaestafa inmobiliaria, fue beneficiado con un fallo judicial que le otorga la prisión domiciliaria para poder asistir a su mujer que atraviesa una grave enfermedad y no cuenta con familiares que pueden cuidarla.

La noticia se conoció en la jornada del miércoles tras una audiencia realizada en los tribunales venadenses en donde el juez de Segunda Instancia Tomás Orso decidió otorgarle el beneficio solicitado por la defensa, revocando la decisión tomada por el juez Eduardo Bianchini.

El gestor actualmente se encuentra detenido en el penal de Piñero luego de ser condenado a 10 años de prisión por integrar una asociación ilícita junto a Antonio Di Benedetto (12 años de cárcel), entre otros, dedicada a apropiarse ilegalmente de decenas de terrenos y campos en el sur provincial. 

Ahora, a comienzos de la próxima semana que realizará una nueva audiencia en donde se fijarán las condiciones de la prisión domiciliaria otorgada.

Fundamentos 

“Hubo un planteo de la defensa pública de solicitar el beneficio de la prisión preventiva de cumplimiento domiciliario, invocando una grave enfermedad de la mujer de Jaime. Y si bien en la audiencia en primera instancia se rechazó este planteo, en virtud de que la señora podía ser cuidad por la vecina o un familiar cercano, en la audiencia de segunda instancia se demostraron puntos concretos”, indicó el juez Tomás Orso.

De esta manera se aportaron elementos que confirman la existencia “de una enfermedad neurodegenerativa, que tiene un curso de varios años, con un certificado de discapacidad. También se demostró que este cuidado que podían darle estas terceras personas, no era eficaz, ya que cuando fue una trabajadora social la encontró sola a esta mujer y en un estado más deteriorado”, agregó.

El informe indica que la señora no concurrió a los turnos médicos previstos, debido a que no los supo gestionar como consecuencia de su condición de salud.

Además, se detalló que la nuera no estaba en condiciones de cuidarla, teniendo en cuenta que enviudó y debe hacerse cargo de sus cuatro hijos.

“Con lo cual hay varios impactos acá. Está el interés superior de estos niños, en la Convención internacional y leyes que así lo disponen. Y además el Código Penal establece una serie de atenuaciones de la prisión, tanto en la preventiva como en la condena”, destacó el magistrado.

Esas morigeraciones se dan “en caso de enfermedad terminal del imputado cuando se está muriendo cumpliendo pena. O también, por ejemplo, se da para el cuidado en un familiar a cargo, como se demostró en este caso. Entonces en funciones de esas legislaciones expresas y de las convenciones respecto de la protección de adultos mayores, se hizo lugar parcialmente a la apelación con el régimen de prisión preventiva domiciliaria”, añadió. 

Nueva audiencia

En la jornada del lunes se desarrollará una nueva audiencia en donde se determinarán las condiciones del beneficio al que accederá Jaime. Por un lado, se fijará el monto de la caución, la posible utilización de una tobillera electrónica, la autorización o no de acompañar a su mujer al médico, entre otros puntos.

“En principio hay una oposición del fiscal (Matías Merlo) a que Jaime acompañe a su mujer al médico. Y solicita que la prisión domiciliaria sea rigurosa. Quizás la asistencia a un centro médico la puedan hacer las personas que estaban cuidando hasta ahora a esta mujer”, precisó Orso.

Fiscal molesto

“No estamos de acuerdo con la resolución de Orso, ya que tendría que haber confirmado la resolución de Bianchini, quien evaluó correctamente cual era el estado de salud de la mujer y consideró que Jaime no era la persona adecuada para darle las atenciones en una prisión domiciliaria”, afirmó Matías Merlo.

El mismo condenado “en la audiencia dijo que no le podía brindar el cuidado necesario y que había otras personas que podían hacerse cargo. Por eso no coincido con este beneficio que le dan a esta persona que está condenada a 10 años de prisión”, agregó. 

Inicio de la investigación

Las maniobras defraudatorias comenzaron a ser investigadas por la Agencia Fiscal de Delitos Complejos en 2017.

Avanzado el juicio se pudo comprobar que los integrantes de la asociación ilícita se hicieron de más de 500 hectáreas de campos y decenas de terrenos en Venado Tuerto, Maggiolo y San Eduardo, por un monto estimado en 20 millones de dólares, con un sistema coordinado y repitiendo metodologías.

Durante el proceso existieron "arrepentidos" y otros integrantes del engranaje que aceptaron la culpabilidad y accedieron a juicios abreviados con condenas de prisión efectiva y condicional: María de los Ángeles Sarría (cuatro años de prisión efectiva); Luis Restovich (cuatro años de prisión efectiva) y Danisa Elisabet Pintos (cuatro años de prisión efectiva).

A la lista se suma el escribano de Armstrong, Ángel Emilio Moreale, a tres años de prisión condicional, seis años de inhabilitación profesional y una cifra de reparación de daño.

En tanto, Eugenio Luis Casadei, Fernando Astigarraga, Walter Diaz Franco, Roberto Miguel Sainz, Alberto Enrique Long, Alejandro Dalla'rmellina, Milena Fischer, Juan Carlos Rullo, Luis Alejandro Bentati, y Marcelo Alejandro Rodríguez fueron sentenciadas a penas de ejecución condicional y en algunos casos inhabilitación para ejercer profesiones.