El femicidio como máxima expresión de violencia de género en nuestro país se ve atravesado por una dimensión novedosa que lo complejiza y que está atada a una realidad que preocupa a la provincia de Santa Fe: la delincuencia y criminalidad organizada.
Uno de cada tres femicidios en Santa Fe está vinculado a la criminalidad organizada
Erika Ávalos, tenía 25 años, fue asesinada por sicariato de diecisiete balazos en Firmat, al sur de Santa Fe. Desde cárcel Federal de Rawson, provincia de Chubut, se ordenó su asesinato. Erika fue la primera víctima de narco femicidio en Santa Fe en 2023. Por estos días, en un nuevo aniversario del primer “Ni una Menos” (3 de junio de 2015), que fue el grito de toda una sociedad contra los femicidios a partir del asesinato de Chiara Paez en la ciudad de Rufino, la provincia de Santa Fe vuelve a encender una alarma para el país: los femicidios en contexto de criminalidad organizada.
Según los informes de femicidios, travesticidios y transfemicidios del Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de Santa Fe (MPA), si bien en 2021 la cantidad de femicidios totales bajó en la provincia, el porcentaje de femicidios en contexto de criminalidad organizada aumenta. Para el año 2020 hubo 26 víctimas, 2 (7,7%) tuvieron ocurrencia en este contexto, mientras que para el 2021, de 19 casos, 5 (26,6%) responden a esta dinámica. Al momento no están publicados informes oficiales provinciales los datos 2022, sin embargo según el reciente informe de la CSJN de datos de 2022, fueron 32 femicidios en la provincia, siendo la segunda jurisdicción con la tasa más alta de femicidios del país.
Los femicidios en contexto de crimen organizado, no son un fenómeno nuevo a nivel internacional. En México, en Ciudad Juárez, se comenzó a escuchar la palabra feminicidio en boca de cientos de familias reclamando por sus madres, hijas y hermanas desaparecidas y asesinadas de manera casi sistemática. Ciudad Juárez ha sido un lugar donde proliferó el narcotráfico y el contrabando de todo tipo, y donde se sucedieron olas de femicidios entre las décadas del 90 y 2000, sobre todo de mujeres pobres que migraron a dicha ciudad en busca de mejores posibilidades de vida.
La incidencia delictiva en esta localidad mexicana, relacionada con homicidios dolosos de mujeres, aumentó drásticamente. Las cifras oscilaron entre 350 y 500 solo hasta el año 2005. Las diferencias con la realidad de la provincia de Santa Fe parecen ínfimas. Podría bien tratarse de un relato actual de las situaciones que a diario vemos vinculadas al narcotráfico.
Cabe destacar que la forma en que operan estos contextos también va de la mano con la reproducción de estereotipos de género en la organización criminal. En términos de Julia Monárrez Fragoso, profesora-investigadora de la Dirección Regional de Ciudad Juárez, las mafias no son paritarias sino que son instituciones masculinas en las que el aniquilamiento por lo general se da contra los hombres menos poderosos; en consecuencia, también se elimina a las mujeres por ocupar una posición inferior en estas organizaciones.
Quien por primera vez acuña el término en el país fue la Unidad Fiscal Especializada en Violencia Contra las Mujeres (UFEM) del Ministerio Público Fiscal de la Nación (MPF), organismo responsable de adaptar el Modelo de Protocolo Latinoamericano para la investigación de muertes violentas de mujeres (femicidios/ feminicidios) de la Organización de las Naciones Unidas a la realidad argentina.
En este documento se describen los diferentes contextos en los cuales se puede encuadrar la muerte violenta de mujeres por razones de género. Así, la UFEM describe a los femicidios en contexto de criminalidad organizada como hechos que “ocurren en el marco de organizaciones criminales o de bandas organizadas de menor envergadura dedicadas a acciones ilícitas (como puede ser el caso de la narcocriminalidad/narcomenudeo, la trata de personas, o los tráficos variados)” (32; 2018). En el mismo sentido, en el 2017 en Argentina se instruyó una guía de actuacion policial para la investigación de muertes violentas de mujeres donde incorpora este escenario femicida (Res 1278/2017, MSN).
Es importante subrayar que la vulnerabilidad socioeconómica incide en este tipo de situaciones. Los factores económicos y culturales determinan el involucramiento de las mujeres en el tráfico de drogas Las mujeres de clase baja participan del comercio ilegal de drogas generalmente por necesidad económica, y como resultado, están más dispuestas a asumir roles minoritatios o subalternos dentro de las cadenas de tráfico y transporte de estupefacientes
En un contexto de criminalidad organizada las mujeres se convierten en muchos casos en moneda de cambio, pueden usarse sus cuerpos para vender o trasladar droga, o incluso para cumplir deseos sexuales de los hombres con poder dentro de la organización. Una vez más, las mujeres son las que quedan más expuestas ante este tipo de situaciones. El aumento de los femicidios en contextos de criminalidad organizada en la provincia debe imponerse como una señal de alarma y no como una simple casualidad.
La vinculación con el narcotráfico es directa y debe ser atendida con urgencia a través de políticas intersectoriales que por un lado, ataquen al problema en su integralidad y que por otro, analicen exhaustivamente el cruce entre los femicidios y estas dinámicas delictuales para comprendan el lugar de las mujeres en estas redes y las dinámicas socioeconómicas que acompañan su vinculación con las economías ilegales. La violencia de género más ostensible es aquella que ocurre ante nuestros propios ojos pero que muchas veces nos negamos a ver.
(*) Carolina Barone, Magíster en Políticas Públicas Universidad Austral. Licenciada en Gobierno y Relaciones Internacionales, Directora General de la Mujer del GCBA. Especialista en políticas de género.
