Imputados por Asociación Ilícita
Venadenses acusados de estafas en la venta de autos en Rosario
Se trata de dos hombres y una mujer. Uno de ellos sería el jefe de la banda y se encuentra prófugo.
Este lunes, se desarrolló en los Tribunales de Rosario, la audiencia imputativa y cautelar contra 7 personas que están acusadas de formar parte de una Asociación Ilícita dedicada a realizar estafas en la venta de automotores. Según se estima, se trataría de maniobras fraudulentas por un monto aproximado de 600 millones de pesos. Hasta el momento hay 37 denuncias y otros 40 casos en análisis.
Por el momento, la investigación del Ministerio Público de la Acusación (MPA) permitió identificar a 9 personas, de las cuales 7 están detenidas con prisión preventiva sin plazo y otras dos continúan prófugas. Lo novedoso que tres de estos sospechosos son oriundos de la ciudad de Venado Tuerto, entre ellos Alexis Guarda, mencionado como jefe de la banda. También aparecen Nelson “Coqui” Ugolini Camila Giselle Mendoza.
A partir de los datos aportados por la investigación, Alexis Guarda, se hacía llamar Rodrigo Dipp. De hecho, los fiscales adujeron que el cambio del nombre del cabecilla de la banda se debe que desde diciembre de 2022 tenía pedido de captura de la Fiscalía de Santa Fe, por protagonizar una causa similar, conocida como “Vendo tu auto”, por la que fueron detenidos todos sus empleados.
Nelson Ugolini, no es la primera vez que aparece en una resonante causa judicial, ya que quien en su carácter de empleado del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Rosario (fue secretario del destituido fiscal Gustavo Ponce Asahad) culminó imputado por trasmitirle información sobre una investigación a Leonardo Peiti, el zar del juego clandestino que luego caería en desgracia. De hecho, estaba en libertad en espera del juicio –con pedido de pena de cinco años de prisión– en la mencionada causa. Sus comienzos en la carrera policial fueron en los Tribunales de Venado Tuerto, donde comenzó como pasante y luego ingresó como empleado en la Cámara Penal.
En tanto, la otra venadense, Camila Mendoza, fue imputada por integrar la asociación ilícita en carácter de miembro y aparece nombrada como la mano derecha de Guarda. De hecho, le atribuyen que se presentaba como presidente de la Cooperativa de Trabajo MEC Limitada (Av. Pellegrini 3112 de Rosario). Además, los fiscales la acusaron de ser quien dirigió varias de las negociaciones, dándose a conocer en reiteradas oportunidades como síndica, gestora y abogada de dicha concesionaria. Como tal, recibía transferencias bancarias concertadas en las operaciones y también recibió dinero efectivo de las víctimas. Además, atendía al público, recibía vehículos, concertaba distintas operaciones fraudulentas y hasta ofrecía con publicaciones en las redes sociales algunos autos.
Puede interesarte
Las denuncias
Los fiscales dijeron que las víctimas, unas 37 al momento, confiaron en que se destinaría su dinero a la concreción de adquisiciones de automotores, pero fueron defraudadas.
Algunos imputados se contactaron por Marketplace u otras redes con interesados en vender su auto usado, pidiéndoles que se apersonen en la concesionaria a negociar el precio y aduciendo que tenían compradores y con ello les hacían suscribir contratos de consignación y le solicitaban la entrega del rodado con su documentación y fotocopia del DNI, suscripción del formulario 08.
En ocasiones, los imputados retiraban rodados de la concesionaria sin autorización de los propietarios e infringían normas de tránsito, llegando en ocasiones a que personal de Tránsito secuestrara el rodado, lo que generaba una importante deuda de dinero por la multa en cabeza de la víctima.
En otros casos, las víctimas compraban en la concesionaria un rodado usado, suscribiendo un contrato de compraventa automotor, en el que se establecía el rodado y la forma de pago. Así entregaban una suma de dinero a cuenta en efectivo por la adquisición del coche y el plan de pago, siendo que posteriormente no cumplían con lo pactado y con la entrega del rodado.
Víctimas contaron que entregaban el auto suscribiendo un contrato de compraventa en el que se detalla la forma de pago con el rodado que entrega, y se establecía una suma en un crédito prendario y el resto por entrega por transferencia bancaria, pero el auto pactado no se le entregaba ni tampoco se le devolvía el rodado entregado.
Puede interesarte
Más damnificados
José Nanni, el abogado que representa a 17 damnificados, en diálogo con “Antes que Nada” (LT29) contó que a diario están recibiendo más consultas y denuncias que están estudiando. “Son muchos los casos que están apareciendo, además de personas que adquirieron su vehículo y hoy, lógicamente, quieren asegurarse que la situación esté en orden”, indicó.
“Lo que se ventiló en la primera de las audiencias que se llevó a cabo el jueves de la semana pasada, donde se presentaron 37 hechos -más allá de que la Fiscalía anunció que manejan unos 40 más que están en etapa de investigación-, fue que las modalidades de estafas eran diversas: venta de autos con pedido de captura, personas que dejaron el auto en consignación y nunca se les entregó el dinero, personas que sacaron créditos prendarios para la compra de un auto pero cuando fueron no estaba; hay quienes compraron un auto y nunca lo pudieron retirar; venta de autos fundidos”, puntualizó.
La Fiscalía consideró que “estamos frente a una Asociación Ilícita y así fue la imputación, que se dedicaba directamente a estafar clientes. Incluso, se está investigando la posible vinculación de una entidad bancaria que se dedicaba a otorgar créditos prendarios para la compra de autos, operatoria que nunca se terminaba de desarrollar”.
El inicio de la investigación
El abogado contó que la investigación “se inició con denuncias asiladas, que el Ministerio Público de la Acusación (MPA) fue recibiendo a partir del mes de enero del corriente año”. Por tratarse de situaciones que estaban más cercanas a incumplimientos contractuales, “algunas de estas causas se fueron archivando”, remarcó. Y añadió: “Al momento que los damnificados empezaron a visibilizar esta situación en los medios periodísticos y redes sociales, el MPA inició una investigación y recopilación de pruebas, determinando que había denominadores comunes y patrones de conducta de determinadas personas que lo convertían en una estafa”.
A partir de allí, se libraron las órdenes de allanamiento y la detención de los involucrados que terminaron imputados por los delitos, aunque hay dos personas, un masculino sindicado como líder de esta organización y una femenina, que se encuentra prófugos. Ahora, se avanzará en la recopilación de pruebas y análisis de elementos secuestrados durante los procedimientos, como teléfonos celulares.