El directorio de la empresa Vicentin expresó este lunes su confianza en la justicia de Santa Fe, ratificó la propuesta concursal de pago a los acreedores como la “única alternativa” y respondió declaraciones del presidente señalando que “confunde” y no explica de dónde sacaría los US$300 millones que se necesitan para seguir operando y que no se caiga la actividad que sustenta a 1.500 puestos de trabajo directos.
Este martes, en principio, un plenario de la Corte santafesina debe comenzar a resolver el “avocamiento” que solicitara la cerealera Grassi por entender que una causa penal en Rosario colisiona con la continuidad del concurso de acreedores que lleva adelante el juez de Reconquista Fabián Lorenzini.
Ese pedido no fue resuelto y el concurso “no cayó”, como se consignó en distintos medios. Pero sí se suspendieron los plazos procesales. El concurso tenía el 30 de junio como límite para el “período de exclusividad” en el que -según la ley- la concursada realiza su oferta a los acreedores.
Vicentin “ratifica su confianza en las instituciones -en especial en la justicia provincial- y aguarda con expectativa la reanudación de los plazos procesales a fin de terminar la acreditación de las conformidades requeridas por la Ley de Concursos y Quiebras para alcanzar un Acuerdo con sus legítimos acreedores.
“La suspensión de los plazos -recuerda la empresa- se ha ordenado en vísperas de la Audiencia Informativa establecida por la ley concursal, fijada para el día Miércoles 22 de Junio a las 17.30h, en la que Vicentin S.A.I.C. debía brindar explicaciones respecto de la negociación llevada a cabo con sus acreedores, especialmente cómo iba a alcanzar las mayorías de ley dentro del plazo del período de exclusividad, y los asistentes podían formular preguntas sobre la propuesta”.
Señala la firma que hasta la fecha el proceso concursal se llevó adelante “con la activa participación e involucramiento de todas las partes y bajo una rigurosa supervisión tanto del juzgado, como de la sindicatura y de los interventores actuantes impuestos por el propio juzgado.
“Única alternativa”
Vicentin salió a responder la especulación presidencial sobre la posibilidad de hacer de la concursada una empresa estatal testigo en el mercado de alimentos, en el marco del “cramdown”, que supone el fracaso del concurso y la apertura a un inversor aún desconocido como última instancia antes de una quiebra.
“Todas las explicaciones relativas a un hipotético cramdown -imposibilitado por el apoyo mayoritario de los acreedores a la propuesta- sólo llevan a confusión a la audiencia no especializada, puesto que ninguna de ellas explica cómo se va a financiar la actividad de Vicentin, de dónde saldrán los 300 millones de dólares de capital de trabajo necesario para operar, cómo recuperarán sus acreencias los acreedores -todos, no solamente los granarios- y cómo se protegerán los 1.500 puestos de trabajo directos durante una aventura sin conducción ni capacidad financiera”.
Señala que la firma “no es ni puede ser una empresa testigo que ordene el mercado de granos, puesto que Vicentin es tan solo una (gran) empresa de molienda que transforma granos en aceite y harina. Su participación antes de la presentación en concurso nunca alcanzó el 15% del sector.
“Por todas estas razones, esperamos poder terminar en el tiempo previsto la reorganización final de la sociedad y comenzar con los pagos lo antes posible, lo que permitirá superar definitivamente esta etapa tan difícil y continuar operando de manera segura y confiable hacia un futuro sustentable”.
Vicentin ratifica que a la fecha, su propuesta de pago con quita de US$1573 millones de deuda acreditada “cuenta con el apoyo de más de 1.000 acreedores” y “tiene posibilidades concretas de alcanzar la declaración de ‘Existencia de Acuerdo’. “Esta propuesta, creíble, sustentable y autosuficiente, es la única alternativa concreta que permite a los acreedores de la sociedad recuperar sus acreencias en los términos aceptados por las mayorías de ley”, sostiene el directorio de la firma.
