Weber: ¿Qué hacer con las retenciones al agro?

(Por José Weber) – En el 2002, dada la situación de crisis que vivía nuestro país, se acordó entre las entidades de la producción y el Gobierno de transición, incorporar las “retenciones” al agro para paliar la difícil situación económica que se vivía. Esta decisión, surgida de un consenso, debía ser transitoria, pero se transformó en una gabela permanente, que afecta la rentabilidad y desalienta al sector productivo.

La peor consecuencia es que esta decisión generó un conflicto entre los sucesivos gobiernos y el campo, que parece ser un problema sin solución. Para el campo se transformó en una bandera de lucha sectorial, y para los gobiernos en un callejón sin salida. Todo esto, con el agravante, que gran parte del pueblo ha transformado este problema en un conflicto “ideológico”, que en realidad no es tal, agravando cada vez más la “grieta política” de la sociedad en la que convivimos.

Por haber transitado en mi carrera los avatares de la producción agropecuaria y de la política, me atrevo en el otoño de mi vida a sugerir a nuestros legisladores, una idea que podría transformar el problema en una oportunidad.

En Argentina tenemos una rica experiencia en la administración de recursos públicos a través de una gestión de administración “público/privada”, especialmente entre el Estado Nacional y las entidades del agro, que en algunos casos resultó positiva y en otros no tanto.

Uno de los principales reclamos del sector agropecuario, son las deficiencias existentes en la infraestructura de transporte y su mantenimiento, tanto la vial, la aérea de cargas, la ferroviaria, la fluvial y la marítima. No porque existan deficiencias de proyectos, sino por problemas de gestión, economía, priorizar de otras erogaciones estatales, financiamiento, etc.

Por ello, y en carácter de “idea primaria”, propongo a nuestros legisladores y a los dirigentes agropecuarios que se debata una legislación nacional por la cual los fondos generados por retenciones al agro no ingresen a “Rentas Generales”, sino que con ellos se constituya un “Fondo Fiduciario”, que debería administrarse por un “Ente público/privado”, con representación del Estado Nacional y las entidades agropecuarias.

El destino exclusivo de este fondo debería ser el de financiar o cofinanciar, las obras públicas y su mantenimiento (viales, ferroviarias, fluviales, portuarias, aeroportuarias de carga, de almacenamiento y acondicionamiento, etc.), que resulten indispensables para no limitar ni la rentabilidad de los sistemas productivos ni el comercio nacional e internacional, caracterizado por una creciente demanda interna y externa.