Wheelwright: ex presidente comunal condenado e inhabilitado por fraude

El ex presidente comunal de Wheelwright, Daniel Peralba (PJ), fue condenado a la pena de dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos, funciones y empleos públicos, por considerarlo responsable de los delitos de “administración fraudulenta" en perjuicio de la administración pública.

Peralba, está acusado de cuatro delitos durante su mandato como presidente comunal, entre los años 2013 y 2017. En el primero de ellos, según consta en la causa, recibió dinero del Ministerio de Educación de Santa Fe $2.148.285,20, correspondiente al Fondo de Financiamiento Educativo, que nunca llegó a las instituciones educativas, sino que los fondos tuvieron un destino diferente causando un perjuicio al patrimonio de la Comuna.

También se lo acusa entre el 2015 y 2017, de suscribir un acuerdo de colaboración para el pago de créditos y distintas prestaciones brindadas por la Mutual A.M.F.E.S.T.R.A.M. En ese convenio, la Comuna se comprometía a retener, previa autorización de cada trabajador comunal, una suma determinada de sus haberes con la carga de ingresarlo en el pago de la mutual en razón de diversos servicios, pero la gestión Peralba no cumplió con los pagos a la mutual y le dio a los fondos un destino diferente.

Pavimento  y capacitación que no llegaron

El otro de los delitos, tiene que ver con un convenio firmado con el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, el 22 de junio de 2015. Allí, el ex presidente comunal se comprometía a la pavimentación de la Avenida Argentina de esa localidad, por lo cual le transfirieron $1.002.348. La obra no se realizó y el destino de ese dinero fue diferente. 

Finalmente, Peralba suscribió un convenio con el Registro Nacional de Trabajadores y Empleados Agrarios (RENATEA), por el plazo de un año, renovable. El objetivo principal era contribuir a la capacitación y formación de los trabajadores agrarios y la difusión de las actividades del organismo en el territorio, pero desde la Comuna no cumplieron con lo proyectado en cuanto al presupuesto y cronograma de actividades. 

De hecho, la propia entidad en cuestión rechazó parcialmente la rendición de la cuenta e intimó a la devolución del dinero, por considerar que se “apoderaron indebidamente” del subsidio, dándole un destino distinto para los cuales fue pactado.

“La Comuna no es un kiosco”

El ex presidente comunal y sucesor de Peralba, Benjamín Gianetti, dijo en su declaración en la causa que al haber asumido como autoridad local, advirtió un gran desvío de dinero de las arcas comunales con relación a su destino legal. “Decidimos contratar los servicios de personal calificado y profesional en la materia, a los fines de poder determinar con la mayor exactitud posible los alcances de tales desvíos”, afirmó. 

Gianetti, explicó que a través de una auditoría externa se pudieron advertir presuntamente múltiples maniobras delictivas que implican perjuicios a la Comuna y que se sintió “obligado por ley y moralmente a ponerlos en su conocimiento” a fin de que sean investigados y sancionados sus responsables.

Asimismo, afirmó que los miembros de la comisión comunal, sin “avergonzarse y sin desparpajos, reconocieron el ilícito de haber malversado o utilizado dichos fondos vaya uno a saber para qué”, y que como contrapartida “obligaron abusivamente al ente comunal por una deuda que no era propia, debiéndose pagar intereses en modo improcedente y sólo con vinculación al manejo ilegal de fondos y mecanismos espurios”.

Y agregó: “Lo que claramente no comprende el señor Peralba y los demás miembros de la entidad estatal, es que la Comuna no es un kiosco de barrio donde cualquier tipo de acto puede realizarse, incumplirlo, generar intereses y deudas que no corresponde sean asumidas por el ente estatal y luego tener el tupé de hacerlo constar en actas y pretender purgar la cuestión”.

Para Gianetti, es “realmente escandaloso un manejo tan desprovisto de los mínimos visos de legalidad y hasta me animaría a decir mensura”, y que por eso “solicité el máximo rigor legal para sancionar este tipo de conductas realmente escandalosas y repudiables”.

Finalmente, indicó: “Nos encontramos ante una clara administración fraudulenta, teniendo en su esencia que quien tenía que velar por los intereses ajenos y más en su rol de presidente comunal, con cada unas de sus conductas afectó al patrimonio de la Comuna, teniendo pleno conocimiento que su actuar lo afectaba y no le importó”.