(Por Mario Cáffaro) – María Cecilia Vranicich juró el jueves como fiscal general del Ministerio Público de la Acusación siendo la tercera en ejercer el cargo luego de Julio De Olazábal y Jorge Baclini y se transformó así en la primera mujer en dirigir el organismo. Pero además como le gusta remarcar, convencida del sistema desde los últimos años de la carrera de abogacía en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario donde se formó y donde hoy es docente de procesal penal. “Siendo estudiante pensaba en este sistema. Empecé siendo ayudante-alumna de Procesal Penal en la UNR, en 1996. Me recibí en diciembre del 96 y en el 97 pasé a trabajar en la cátedra. La última bolilla de la carrera, de esa materia, era el proceso que queremos. Y éramos muy críticos en ese momento del proceso penal que tenía la provincia de Santa Fe que después en el caso Fraticelli fue declarado inconstitucional”.

Además de la cátedra, fue funcionaria del Ministerio de Justicia de la provincia a la hora de preparar las leyes orgánicas del nuevo sistema, leyes que demandaron mucho diálogo legislativo. Viene de ejercer durante los últimos seis años el cargo de Auditora General de Gestión por lo que en su cabeza tiene un mapa claro del funcionamiento del MPA. Cuando el Poder Ejecutivo abrió los concursos para los cargos de conducción se inscribió tanto para repetir en la Auditoría, para fiscal regional de Rosario y fiscal general. En los tres concursos integró las ternas seleccionadas por el jurado.

– ¿Con qué objetivos llega a este cargo de fiscal general por seis años?

– Mi plan de trabajo lo pensé muchísimo. Plantee, por un lado, los lineamientos, que es lo que tiene que hacer el fiscal general. Los lineamientos de persecución penal serán los priorizados. Si bien el fiscal general no tiene facultades para intervenir en investigaciones en particular, si es el encargado de decidir cuáles van a ser los delitos cuya investigación se van a priorizar. El primer lineamiento claramente que trabajé, en razón del contexto de violencia que estamos viviendo en la provincia y especialmente en los grandes centros urbanos, es trabajar aquellos delitos que están atravesados por lo que llamamos violencias altamente lesivas: homicidios, heridos de armas de fuego. Nosotros focalizamos mucho en los homicidios, como número, pero hay muchísimos heridos de armas de fuego, que también es un dato a trabajar y que está dentro de esta priorización a lo que llamamos delitos de violencias altamente lesivas. ¿Qué puede hacer y qué tiene que hacer la fiscalía general? Primero, bajar el lineamiento de que cada una de las regionales tiene que priorizar esto. ¿Cómo lo priorizamos? La impronta que yo le voy a dar es una fiscalía general acompañando a las regionales, a las cinco. Cuando hablamos de violencia altamente lesiva focalizamos el distrito capital y el distrito Rosario. Pero ya hay algunos casos, en algunas otras fiscalías regionales, caso Rafaela, de sicariato. Entiendo que se debe trabajar transversalmente la problemática con la Agencia de Delitos Complejos.

– El Organismo de Investigaciones depende del fiscal general pero está vacante su conducción. ¿Qué está previendo?

– El diagnóstico actual es que tiene una debilidad institucional importante. No tiene un director provincial, pero tampoco tiene personal propio del Ministerio Público de la Acusación. El personal que hoy tiene es personal en comisión, en servicio del Poder Ejecutivo. El procedimiento de designación fue modificado en la última ley. Antes era un concurso interno dentro del MPA. Ahora, es un concurso que le compete el Consejo de la Magistratura con acuerdo a la Legislatura. Es el mismo procedimiento que para la selección de Fiscal General. Falta de director y personal que no es propio, con lo cual el MPA no tiene ni siquiera incumbencia sobre lo disciplinario con respecto a ello. Hay personas que están contratadas. Uno de los objetivos de estos seis años es fortalecer al Organismo. De hecho, hoy el Organismo de Investigaciones tiene equipamiento que el fiscal anterior (Jorge Baclini) ha podido comprar, conseguir. Hay un cromatógrafo, hay aparatos muy importantes para realizar la extracción de la información dentro de los teléfonos celulares. No estamos haciendo rendir a pleno el equipamiento porque nos faltan personas para operarlo. Como aspiración de gestión es prioritario el OI porque es el órgano de apoyo para tener investigaciones propias, es el que investiga el delito complejo.

– Sí. Y en muchos casos que se va dilucidando con bandas que operan, que vienen desde afuera de la provincia. Fue en los casos de los golpes más grandes, más allá de la predación que hay permanentemente. En este caso, es un lineamiento que se va a sostener y que se tiene que sostener, pero está dentro de lo que es un poco ya la investigación generalista del fiscal. Ya hay equipos de fiscales que trabajan estos temas en las fiscalías regionales. Creo que sí hay que fortalecer lazos con la policía de investigaciones.

– ¿Va a mantener la Junta de Fiscales?

– Sí, sí, sí, claramente. Es importantísima. La Junta es un órgano de apoyo establecido en la ley. El principio de unidad de actuación, directrices, decisiones que se toman consensuadamente junto a la Junta de Fiscales. De hecho, esto ha sido una reforma legal de diciembre del 2017. Cuando se pasan las facultades disciplinarias a la Legislatura, también al fiscal general le quitan ciertas atribuciones y las pasa a tener la Junta de Fiscales. Por ejemplo, poder crear unidades interregionales. La Junta de Fiscales es un órgano de apoyo importante de gobierno y si el fiscal general dicta una instrucción de determinado lineamiento sobre algún eje, la Junta de Fiscales puede revocarla. Es un sistema de contrapesos absolutamente atendible en una institución democrática y republicana. A los controles internos no hay que tenerles miedo, al contrario.

María Cecilia Vranicich juró el jueves como fiscal general del Ministerio Público de la Acusación. Crédito: Flavio Raina

– Fue Auditora de Control de Gestión, o sea tiene un mapa perfecto del cuerpo de fiscales…

– Sí, sí, y de las debilidades y fortalezas institucionales en general del desempeño. El desempeño individual de cada fiscal lo tiene cada fiscal regional y desde la Auditoría lo que se observa son desempeños de institutos a lo mejor particulares. Por ejemplo, en estos años se hizo un trabajo muy exhaustivo y riguroso sobre el control de detenciones domiciliarias, cómo funciona ese instituto. Sobre el final estábamos haciendo un monitoreo sobre abreviados. Toda la información del órgano va al fiscal general que es quien da los lineamientos.

– ¿Va a reclamar, como venía haciéndolo el fiscal saliente, que las facultades de sanción vuelvan al MPA?

– Entiendo que desde el Ministerio Público de la Acusación tenemos obligación de rendir cuentas y para eso articular muchos mecanismos de rendición de cuentas, uno es el disciplinario y debe ser mejorado el sistema que hoy existe. Fui auditora, autoridad de aplicación y he aplicado el sistema vigente, entiendo que en el momento fue el mejor sistema que pudimos tener con el contexto político institucional que tenía la provincia Creo que tiene que ser modificado, no a lo mejor exactamente de la misma forma que en el origen. Tenemos que usar la oportunidad para aprovechar y mejorar también la versión original. Sería importante ampliar el Tribunal de Disciplina, los miembros del Tribunal de Disciplina. En este caso hay algo que me preocupa, porque es atendible la preocupación de determinados fiscales o a lo mejor de la asociación de fiscales, el propio fiscal general saliente que así lo ha expuesto, que es el temor a una remoción injustificada o una remoción política con otro tipo de interés. A mí lo que me preocupa también son los marcos de impunidad que puede generar internamente y que yo no quiero en determinados desempeños fiscales que no están siendo adecuados. Porque a veces también esta lógica política que no termina de ser técnica habilita. Eso es, a mí también me alerta al otro, o sea, superar el otro.

– Está asumiendo en un momento casi de transición política en la provincia, nos guste o no, porque estamos ya casi en cierre de listas, iniciamos un proceso electoral, usted va a compartir todo el gobierno que viene y un pedazo del otro gobierno.

– Sí, sí, claro y eso supongo que motivará diálogo, habrá que ver cómo se motiva.

– En el dictamen de la Cámara de Diputados sobre Emergencia en Seguridad prevé incluso 250 cargos para el OI y 50 de auxiliares para el MPA. ¿Son necesarios?.

– Por lo que hablábamos antes. Esos cargos serían la base de lo que sería la creación de un organismo de investigación… sí, sí, sí, son muy necesarios.

Lo otro que dice de traspasar gestiones es importante. Ojalá me vaya bien en mi gestión y llegue a los seis años donde habrá tres gobiernos diferentes. En los seis años que fui auditora observé muchas cuestiones y concluí que no hay que tenerle miedo a la relación del MPA con los otros poderes del Estado, pero siempre respetando la incumbencia legal de cada uno: del Ejecutivo, del Legislativo y de los otros actores del Poder Judicial. O sea, la relación del MPA con el Poder Ejecutivo tiene que ser fluida. Estamos hablando, varias veces lo hemos repetido en esta entrevista, de la policía judicial. Entonces, yo entiendo que tiene que ser natural, fluido, pero siempre con objetividad, autonomía e independencia.

Rafaela

La jurisdicción regional 5, con cabecera en Rafaela, no tiene aún designado el fiscal regional debido a que fue rechazado el pliego de Orlando Toniolo. Ahora el Poder Ejecutivo propuso otro nombre, Carlos Vottero, cuya designación está en manos de la Legislatura. Mientras tanto, Vranicich firmó una resolución en la que designa al Fiscal Regional 1, Nessier, a cargo interinamente de la Fiscalía Regional 5.

La importancia de los juicios abreviados

– Hay toda una polémica abierta por abogados sobre los juicios abreviados. ¿Cuál es su postura?

– De hecho, en la entrevista en la Comisión de Acuerdos fue un tema.

– ¿Sirve?

– No solo sirve sino que hoy es la mayor respuesta que damos dentro de la institución punitiva. En la fiscalía estamos para investigar delitos y para lograr condenas, más allá de pacificar aquellos conflictos que se logre pacificar. Pero lo primero es la persecución penal, es una respuesta punitiva. Si tomamos todas las respuestas de condenas que surgieron a través de pedidos del MPA y que fueron tomadas por un juez, entre un 94% y un 96% son condenas que vienen de juicios abreviados. Es una herramienta que, si bien se ha puesto en crisis, pero creo que se ha puesto en crisis por determinados casos puntuales. Casos que incluso he tenido casos en la Auditoría, donde hay fiscales que han terminado sancionados por juicios abreviados mal acordados.

Pero en el juicio abreviado, si bien es el fiscal una de las partes que lo propone, es un acuerdo con un defensor. Entonces hay un control adversarial con un defensor que representa al imputado. El imputado tiene que asumir culpabilidad, pero un juez en audiencia lo valida. Los juicios abreviados también se dan en un marco de una audiencia pública que puede ser presenciada por la ciudadanía. Es el juez el que termina sentenciando ya que hace un control de legalidad y no solo legalidad de razonabilidad de lo que le están presentando. Lo primero que hace es preguntarle al futuro condenado, ¿usted entiende que está asumiendo la culpabilidad de este delito? Está controlado por muchos lados, porque si el fiscal cierra a seis años, lo controla un fiscal regional. Si lo cierra a ocho, el fiscal general. En mi plan de trabajo de auditora propuse un monitoreo, al azar, de abreviados cerrados con condenas menores a seis años.

Narcomenudeo

– En la misma Asamblea Legislativa se dio un debate que se está instalando sobre la posibilidad de que el narcomenudeo sea jurisdicción provincial.

– Me preguntaron en Acuerdos, mi opinión fue que no tenía opinión y que ya era válido. Puntualmente el senador Enrico fue muy activo con eso, en la Asamblea, nos ha llamado tibios. Yo entiendo que cada uno tiene un rol determinado. Soy docente de procesal penal en la facultad, conozco claramente los pros y los contras y si tuviera una posición tomada no tendría ningún problema en decirlo, no lo tengo ni siquiera académicamente. Entiendo que tiene muchos pros y muchos contras. Entiendo también a los legisladores porque ellos tienen al ciudadano, al vecino que va y le dice tengo el bunker en la esquina, me pasan por la nariz y no podemos hacer nada. Pero más allá del marco legal, que exista o no exista, hoy ya hay un trabajo muy rico entre los fiscales provinciales y los fiscales federales. Puntualmente se está dando en la regional Rosario. Entonces me parece que con acuerdos institucionales de trabajo se pueden articular abordajes así. Si los legisladores toman la decisión de que en Santa Fe investigue el narcomenudeo vamos para adelante y vamos a poner lo mejor de las energías para que esto ocurra.