El Gobierno de Colombia y el Estado Mayor Conjunto (EMC), el sector más numeroso de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que no firmaron el acuerdo de paz de 2016, inician este domingo un cese del fuego y abrirán una mesa de negociación en busca de llegar al desarme de la organización, en medio de un clima de "desconfianza" y "desencanto" de la sociedad en relación al proceso y en un escenario "adverso", según indicaron especialistas a Télam. Las partes llegan a esta instancia luego de avances y retrocesos en un acuerdo que data de la noche del 31 de diciembre, cuando el presidente Gustavo Petro anunció una tregua bilateral con los cinco principales grupos armados del país.

#ReformaAgraria con #TierrasParaLaPaz 🕊️ | El Jefe de Estado, @PetroGustavo, dijo: “El proceso de Paz con las Farc y el Gobierno Santos, que es un proceso de Paz con el Estado colombiano, tiene como primer punto la Reforma Agraria. Allí se pactó tres millones de hectáreas de… pic.twitter.com/kZXBqdIqnD
— Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) October 6, 2023

Estaba previsto que mañana se firme un decreto de cese del fuego, pero desde ayer hubo rumores que fueron recogidos por la guerrilla acerca de una posible demora.

"Sin decreto de cese al fuego no hay instalación de mesa, gobierno debe cumplir lo acordado", dijo el grupo en la red social X (ex Twitter), en un texto firmado por el comandante Iván Losada, alias "Mordisco".

"El caso del proceso del Gobierno con el EMC ha tenido muchos tropiezos desde el inicio del cese al fuego, porque estuvo el asesinato de menores que llevó al Gobierno a suspenderlo", dijo a Télam el coordinador colombiano del Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Alberto Yepes.

El activista se refirió así al episodio de mayo en el que el EMC reconoció que asesinó -"ajustició", según la guerrilla- a tres jóvenes indígenas que se resistieron a ser reclutados en el sureño departamento de Putumayo.

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), fueron "al menos tres".

Por orden presidencial, las fuerzas militares iniciaron una persecución contra los rebeldes.

Luego, el EMC y el Gobierno volvieron a acercarse y el 19 de septiembre fijaron la fecha del 8 de octubre como puntapié inicial para instalar la Mesa de Diálogos de Paz en la localidad de Tibú, en el departamento Norte de Santander, en la frontera con Venezuela.

Pese al anuncio, la guerrilla desató una nueva escalada violenta que estalló en el departamento del Cauca, en el suroeste colombiano.

Para Yepes, la opinión pública está un poco "desconcertada" respecto al anuncio del inicio de este proceso, porque solo días atrás, el 20 de septiembre, el EMC se atribuyó un atentado con un coche bomba que dejó dos personas muertas, ambas civiles.

"Eso llevó a que se reactiven con fuerza las operaciones militares por parte del Gobierno, a la vez que el EMC anunció que la comisión creada para la solución de contingencias e incidentes previos al inicio del cese al fuego bilateral quedaba suspendida", señaló Yepes.

Por estos hechos, el activista diferenció el proceso que se inicia mañana con el firmado en agosto con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que ya está más "consolidado" y dijo que "en la opinión pública hay una falta de confianza en que este proceso efectivamente vaya a prosperar".

Desconfianza

Encuestas recientes han medido la desconfianza social sobre la instancia que se inicia con el grupo que en 2016 se había negado a acogerse al acuerdo de paz que firmaron el Gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC tras años de debate en La Habana.

Según una encuesta realizada por Datexco Company S.A. días después del último atentado, el 79% de los colombianos no confía en la voluntad de paz de la disidencia de las FARC.

Los antecedentes de esta desconfianza están ligados a su relación conflictiva con el movimiento indígena por sus diversos enfrentamientos.

Desde que asumió, en agosto 2022, Petro impulsa un plan de "paz total" para desarmar a todas las organizaciones ilegales, iniciativa que logró la aprobación del Congreso para convertirse en política de Estado.

"En la opinión pública hay mucho desencanto con el tema de paz total por dos razones; una, los fallos en la comunicación del Gobierno y en particular del Alto Comisionado de Paz, Danilo Rueda. Dos, porque se percibe que en aras de la paz total no se está combatiendo a grupos que son violentos y eso genera mucho descontento entre la gente", dijo a Télam la especialista en temas de seguridad de la Fundación Friedrich-Ebert en Colombia, Catalina Niño Guarnizo.

"Está claro que se quiere lograr que no haya más grupos armados y que cesen las afectaciones contra los derechos de la población civil, pero la estrategia para llegar ahí no es clara", agregó.

La especialista en seguridad percibe que hay una "desconexión entre la estrategia de paz del Gobierno y la de seguridad" y que "deben ir muy de la mano porque estos son grupos que generan violencia en los territorios".

Sin embargo, aseguró que hay indicios de un cambio porque "ha empezado a haber más iniciativa de parte del Ministerio de Defensa para perseguir a los grupos, sobre todo con los que no hay un acuerdo de cese al fuego vigente".

Los analistas apuntan también a la falta de protección a los líderes y las organizaciones.

Para Yepes, el mandato con el que fue electo Petro fue el de hacer efectiva "la paz" y "eso es lo que la población espera de este Gobierno", pero hay una preocupación creciente por la violencia en los territorios y los asesinatos a líderes sociales.

Este año, hasta mediados de septiembre, fueron asesinados 124 líderes sociales, 30 firmantes de la paz, y hubo 64 masacres, según el observatorio de la organización colombiana Indepaz.

Si bien se mantienen en niveles altos y la organización estima que no se puede hablar de una "tendencia", los indicadores son los más bajos desde 2017.

De todos modos, Indepaz aclaró que "al ser un año electoral, el riesgo para líderes y lideresas aumenta considerablemente".

El Gobierno del Pacto Histórico, que sufrió este año la partición de la alianza que había formado con partidos de centro, ahora enfrenta un escenario más fragmentado en el Congreso y el desafío de hacer pasar sus iniciativas.

El panorama actual podría cambiar a partir de las elecciones locales del 29 de octubre, cuando se elegirán los gobernadores de los 32 departamentos, además de cargos legislativos regionales, y cargos municipales.

"Es posible que al Gobierno le vaya regular. No va a tener aliados en los territorios, así que el tema de gobernabilidad está complicado. Parece que está tratando de reconstruir una coalición no con partidos, sino a punta de negociar con cada congresista. Eso lo pone en una situación precaria, porque le toca hipotecar muchas cosas para obtener apoyo", sostuvo Niño.

El jefe negociador del Gobierno, Camilo González, exdirector de Indepaz, comentó en una entrevista con el diario Voz de América que los diálogos se harán en diferentes partes del país.

"Empezaremos en el Catatumbo y luego en otras regiones porque se trata de estar cerca de las comunidades", aseguró.

Del lado de la guerrilla, el coordinador de la mesa de diálogo es Andrey Avendaño.

La desconfianza sobre el proceso de negociación también se centra en la pregunta de qué hará el Estado con los territorios en los que se emplaza la guerrilla, en caso de que la negociación prospere.

"La lección de lo que pasó con las FARC fue que sus territorios fueron copados ante la ausencia de Estado, no solo con presencia militar, sino también con el brazo social. Si el Estado no copa esos territorios, va a haber un reciclaje de la violencia", anticipó Yepes.