(Por Mario Cáffaro) – Federico Delgado es fiscal federal en los tribunales porteños de Comodoro Py; ha escrito tres libros donde formula reproches al funcionamiento del sistema judicial y propone mecanismos para mejorarlo. Invitado por el bloque de diputados Igualdad que integran Agustina Donnet y Rubén Giustiniani disertó en Rosario y en la Cámara de Diputados de la provincia. Sobre estos temas habló con El Litoral.

– La Argentina está cumpliendo cuarenta años consecutivos de vida en democracia y usted cree que es un buen momento para pensar el sistema judicial?

– Sí porque el sistema judicial no da hoy respuesta a todos los sectores.

– ¿Cuál es para usted la principal falla del sistema judicial?

– Hay que empezar por pensar para qué nació el sistema judicial. Al vivir en sociedad renunciamos a hacer justicia por mano propia. Consentimos que conflictos que violan la ley los tienen que resolver un grupo de personas de acuerdo con la legislación vigente: jueces y fiscales. El sistema judicial tiene que resolver esos conflictos en un plazo razonable y esas resoluciones tienen que ser respetadas. Respetadas, porque uno va a estar contento porque ganó y otro va a estar triste porque perdió. O sea, solucionar conflictos en un plazo breve y que esa palabra sea respetada. Nada de eso ocurre hoy. La palabra judicial está sospechada como dispositivo. Hay buenos jueces, buenos fiscales, buena gente en tribunales, pero la palabra está sospechada. Además la justicia llega, resuelve los conflictos, en general, tarde y mal. A un trabajador lo despiden arbitrariamente, hace un juicio, tarda quizás 10 años en cobrar su indemnización. Un reclamo de un comerciante por un cheque demanda un proceso de diez años, ni qué hablar de los accidentes de tránsito. La justicia llega tarde, prolonga mucho los procesos y encima está sospechada. Ante esta situación, lo primero que hay que hacer es reconocerla y empezar a trabajar.

La justicia tiene un desafío enorme que es recuperar confianza con la sociedad. Lo tenemos que hacer nosotros, los judiciales, pero hay cosas que tienen que hacer las élites políticas y considero importante mejorar dos aspectos: las designaciones y la rendición de cuentas de jueces y fiscales. Que expliquen cómo hacen su trabajo, por qué tardan tanto, por qué les va bien acá, por qué les va mal allá. Tenemos que tener un buen Consejo de la Magistratura y hace dos años que el Parlamento tiene la posibilidad de sancionar una nueva ley que organice el Consejo de la Magistratura, que es la sala de máquinas del Poder Judicial. Ahí se pueden repensar un montón de cosas para que se terminen las componendas políticas, el amiguismo, para que haya formas de rendir cuentas, para que esté reglada la relación entre los medios de comunicación y los magistrados, para que se cumplan los plazos procesales. Eso no lo puede hacer la justicia porque requiere un marco normativo que tiene que hacer el Congreso. Pero no pasa. Pensemos las veces que la política intentó hacer una reforma judicial y no pudo, pero también las pudo hacer. (Carlos) Menem y (León) Arslanián pudieron. Cambiaron algo muy difícil que era la ley de enjuiciamiento criminal en 1991. (Néstor) Kirchner y (Gustavo) Béliz fracasaron con una reforma judicial; Cristina Kirchner fracasó con su democratización de la justicia. (Mauricio) Macri y (Germán) Garavano fracasaron con Justicia 2020. Alberto Fernández fracasó con su proyecto de reforma judicial. Mi intuición es que cuando hablamos de reforma judicial hablamos de algo más que el aparato judicial. Hablamos de un aspecto que tiene que ver con la forma en que se ejerce el poder político en Argentina. El poder político en Argentina, su ejercicio, -es la tesis de mi libro- requiere una cuota de impunidad y el dispositivo judicial en su conjunto garantiza esa cuota de impunidad. Por eso es tan difícil reformar todo el aparato judicial.

– A veces el dispositivo es exactamente el mismo. Podemos pensar los juicios eternos en lo contencioso administrativo federal; las quiebras, ¿cuánto duran? 25, 30, 40 años. Los juicios laborales, 10 o 15. Los previsionales, los jubilados se mueren esperando su reajuste porque les liquidaron mal. La parte penal es, tal vez, el sector más visible. Pero es todo igual; el dispositivo es básicamente el mismo. El problema es el dispositivo. Es muy tentador reducirlo a una cuestión de nombres. Es probable que haya muchos jueces que se porten mal y que haya que juzgarlos y los organismos sabrán lo que tienen que hacer. Estoy convencido que si ponemos un conjunto de rabinos, de sacerdotes y de pastores no logremos cambiar; la maquinaria no se modifica. Hay que trabajar en el diseño institucional.

– En Santa Fe se reclama, porque es la próxima provincia a intervenir, la oralidad en el sistema penal federal. ¿Eso puede ayudar en algo al grave momento de inseguridad que atravesamos?

– El sistema empezó en Salta y Jujuy; el próximo paso es Santa Fe, pero también está trabado en el Congreso. La ley se sancionó en el año 2015. Lo que esa ley hace es quitar algo de poder a los jueces y repartirlo entre el Ministerio Público, que son los abogados de la sociedad. La ley es de 2015 pero todavía no se aplica universalmente en toda la Argentina. Evidentemente, hay un problema de poder político, de resistencias. No estoy seguro de que modifique algunas cosas. Los hombres, sobre todo los hombres de la comunidad jurídica, estamos atravesados por una cultura jurídica. Creo que en materia judicial a nivel federal, nosotros podemos cumplir la ley, no cumplirla y torcerla. Lo que hace nuestra cultura jurídica es torcer la ley.

La ley de procedimiento acusatorio, que está en Salta, en Jujuy, potencialmente es muy buena, pero necesariamente requiere de una transformación de los actores, de nosotros, de los judiciales. No estoy seguro que las leyes tengan el efecto de cambiar la realidad. A veces la realidad la cambiamos con nuestros hábitos y las leyes después receptan eso, que es al revés el proceso. Pero es solo una intuición.

“La justicia tiene un desafío enorme que es recuperar confianza con la sociedad. Lo tenemos que hacer nosotros, los judiciales, pero hay cosas que tienen que hacer las élites políticas”, afirmó el fiscal. Crédito: Luis Cetraro

– ¿Esto tiene que ver la formación de ustedes los abogados?

– Algo hay que pensar cómo se hace el abogado, cómo se hace el plan de estudio, cómo hacer para que el abogado esté más cerca de la sociedad, cómo hacer para que no sea solo un picapleitos, ¿no? Las universidades nos preparan para ser picapleitos, para discutir leyes y por ahí eso habría que pensarlo.

Para los que nos dedicamos a trabajar en el Estado, en el sistema judicial, hay un gran olvido del Estado Nacional en obligarnos a estudiar, en capacitarnos, en obligarnos a estar mucho más activos en lo que tiene que ver con seguir la evolución del conocimiento. No tenemos obligación de perfeccionarnos. Muchos lo hacemos porque nos gusta, pero no hay obligación.

Irónicamente, dijo que nuestros insumos son los conflictos humanos. Trabajamos con problemas de la sociedad, pero los conflictos cambian, se van complejizando y seguimos con la misma caja de herramientas que nos dio la facultad hace 10, 15 o 20 años atrás. Cuando me recibí en la facultad, las estafas eran con dinero, o eran con bancos, bancos físicos. Hoy son con criptomonedas, con bancos virtuales. Si uno no se pone a estudiar por decisión propia, no tiene herramientas para resolverlo. Entonces necesariamente el producto final va a ser pobre.

– Usted es fiscal en el fuero federal de CABA, pero no tienen toda la investigación, la tienen delegada a diferencia de nuestro sistema…

– A nivel federal es un sistema mixto. Los jueces se encargan de hacer todo aquello que tiene que ver con nuestros derechos civiles fundamentales: proteger el domicilio, las comunicaciones, disponer de la libertad. Todo lo demás lo pueden hacer los fiscales. Hay una mixtura que no estoy seguro que sea tan mala; desconfío de que un funcionario pueda hacer todo. Me gusta más que el poder esté compartido, porque si está compartido hay intersecciones, hay debates y no hay discrecionalidad. No me parece bueno que un juez o un fiscal, en la hechura de un proceso pueda hacer lo que quiere, pueda hacer todo. Porque todo el mundo es falible, por más buena fe que tenga. Considero que los procesos que tienen alguna mixtura son interesantes.

– Que no tengan un jefe de fiscales o un procurador general nombrado, ¿los perjudica en la tarea? ¿Cómo lo sienten?

– No creo que en la tarea, en el día a día, perjudique a ningún fiscal en particular. Puede perjudicar a la institución porque el procurador general tiene un mecanismo constitucional para ser designado que no es solo burocrático. Le da una espalda tremenda. El Parlamento lo legitima con una mayoría para que pueda exprimir -en el buen sentido- al máximo, todas las funciones que le asigna la ley orgánica del Ministerio Público. Un procurador interino, como el doctor (Eduardo) Casal, por más que tenga las mejores intenciones del mundo, no tiene esa legitimidad. Es una persona que está administrando un cargo hasta tanto los partidos políticos se pongan de acuerdo y designen un funcionario con una legitimidad que él no tiene, ni puede tener. En ese aspecto me parece que la institución la resiente. En Argentina hace tiempo que tenemos esos problemas cuando se necesitan mayorías calificadas para designar. Hay un problema de la política a la hora de construir mayorías para cargos que, por una función delicada que tienen que cumplir, necesitan una legitimidad especial, no por un capricho, sino porque está en la Constitución. Son cargos que además están pensados para trascender a los gobiernos de turno.

– Hoy está cuestionada la Corte Suprema de Justicia, ¿esto es bueno o malo para el sistema?

– La estabilidad tiene que existir porque un juez de la Corte, un procurador general, tiene que estar seguro que no va a ser un fusible que salte con un gobierno, pero eso no exime a ningún funcionario público de rendir cuentas. Ningún ciudadano está exento de rendir cuentas. Cualquiera de nosotros, ante determinado estímulo, tiene que rendir cuentas. Me parece que la estabilidad se confunde con la ausencia de rendición de cuentas. Tiene que haber estabilidad y tiene que haber mecanismos de rendición de cuentas.

– Usted cuestiona parte del sistema del cual forma parte, y lo deja por escrito en libros…

– Tuve maestros espectaculares, tipos que eran servidores públicos. Trabajaban en Tribunales porque concebían que integraban un servicio público. Nos enseñaban, nos recalcaban que teníamos la obligación de profundizar lo que está bien y tratar de cambiar lo que está mal. Y si no lo pueden cambiar, nos decían que había que contarlo para que algunos empiecen a discutir. En el año 2016 me pareció que la cosa se empezaba a complicar e hice con una amiga, y colega de usted, Catalina De Elía, un libro ‘La cara injusta de la justicia’. Contamos una impresión de lo que era el sistema judicial y con ejemplos de lo mal que trabajaba a veces. Después, otro llamado ‘Injusticia’, que era el lado externo, qué pasaba desde adentro, por qué la cosa estaba tan mal. Ahora ‘República de la impunidad’ para mostrar ya desde afuera, las cosas que hace el sistema judicial y que en definitiva inciden en la vida de toda la sociedad.

Con estos tres textos cerré un ciclo. Era la forma de contribuir, muy humildemente, al debate público sobre un poder del Estado que, tras 40 años de democracia -algo magnífico que hemos conseguido- que hay que cuidar. Así como una generación consiguió la democracia, otra generación la consolidó, quizá lo que ahora nos toca es empezar a trabajar algunas cosas de la república democrática que no funcionan bien, y la justicia es una de ellas.

– ¿La divulgación de libros puede interrumpir su carrera judicial?.

– Yo quería ser deportista, quería ser tenista, y no me dio. La educación deportiva, hacer las cosas bien, hizo que me tome muy en serio el trabajo en la justicia. Llegué a fiscal medio de casualidad. No me interesó ascender. Si me gustaría volcar mi experiencia dentro de la institución para construir reglas, incentivos institucionales para que no haya más trampas, para que haya premios para los buenos, y haya responsabilidad para los malos. No me interesa el ascenso, la carrera judicial y en cierto modo eso me da un poco de libertad.

Casos emblemáticos

– Desde el punto de vista personal, ¿cuál fue la causa que más impactó en el trabajo?

– Fue el momento en que un juez de la democracia le dijo al almirante (Emilio Eduardo) Massera que el nombre de la Constitución lo detenía por robar bebés durante el gobierno de facto. Fui testigo y partícipe de un momento en que la Constitución Nacional, que había sido violentada por un gobierno de facto, con el lenguaje de la ley, con el lenguaje de los derechos, le decía a una persona que había representado todas esas violaciones a los derechos humanos, que a partir de ahora rinde cuentas ante sus conciudadanos en nombre de la Constitución. Yo que soy juez de la Constitución le comunico que está detenido por esto, por esto, por esto y por aquello. Fue un momento muy importante que me marcó para siempre.

– ¿Usted era fiscal de la causa?

– Sí, muy joven, tendría 29 años, y el juez era Adolfo Bagnasco. Fue a fines de los 90, todavía no habían reabierto los juicios de derechos humanos y lo único que se podía investigar era el robo de bebés.

También me marcó mucho haber intervenido en los sobornos del Senado y en la tragedia de Once. En Once pude ver en carne propia que la corrupción mata. Con los sobornos del Senado vi que la corrupción podía descomponer los cuerpos políticos.

– En el caso de Once hubo una fuerte presión de los familiares, una apropiación social del caso de los familiares y fue muy importante.

– Los familiares no hicieron nada ilegal. No presionaron, pero mantuvieron el reclamo. Fue muy bueno, es un ejemplo muy interesante de cómo la sociedad civil puede exigir que el sistema judicial haga lo que tiene que hacer.

República de la Impunidad

En este último libro, el fiscal Federico Delgado revisa las prácticas que hacen posible la impunidad en la Argentina y que forman un sistema que se reproduce para garantizar que nada cambie. Y explica el rol de los actores decisivos: jueces; fiscales; funcionarios públicos y periodistas. Delgado recurre a casos judiciales; experiencias personales y algunos conceptos teóricos para mostrar cómo se construye socialmente la impunidad; identificar a sus actores principales; exponer cuál es el soporte cultural del problema; quiénes ganan y quiénes pierden y; finalmente; explicar por qué la impunidad atraviesa toda la vida pública argentina.