Emerio Agretti
El Litoral
La Asamblea Anual Ordinaria de Procuradores y Fiscales Generales de todo el país, que sesionó esta semana en Santa Fe, emitió un fuerte comunicado contra “los pedidos de enjuiciamientos que resultan contemporáneos a la investigación y juzgamiento de personas vinculadas a la vida política”.
Aunque no está ilustrado con nombres propios, quedó claro que la referencia apuntaba al senador Armando Traferri, quien recientemente cuestionó (incluso en el recinto) a los fiscales que lo investigan por supuesta vinculación al juego clandestino.
El propio fiscal general del Ministerio Público de la Acusación, Jorge Baclini, informó a los participantes de la asamblea sobre las circunstancias del caso y dejó sentado el absoluto respaldo a lo actuado por los fiscales.
La otra referencia remite al caso de Entre Ríos, donde la Procuradora Adjunta y Fiscal Anticorrupción, Cecilia Goyeneche, fue denunciada por el abogado defensor del intendente de Santa Elena, Domingo Rossi, investigado por enriquecimiento ilícito.
“Deseamos reiterar la grave situación de debilidad a la que ha sido expuesto el Ministerio Público de la Acusación en la Provincia de Santa Fe a partir de haberse colocado el régimen disciplinario de sus integrantes, en manos de un poder político ajeno al organismo de la acusación”, señala el documento, que alude a la ley (convalidada por la Corte Suprema de Justicia de la Provincia) por la cual la Legislatura se arroga esta potestad. Para los fiscales y procuradores nacionales eso es “inadmisible”.
El pronunciamiento también entiende “necesario y vital convocar a la prudencia y recato a todos aquellos que, ostentando representación política de importancia, pretenden descargar la responsabilidad que les incumbe en razón de su función en orden a la seguridad ciudadana, en las espaldas de los Ministerios Públicos Fiscales”.
Además, consideran necesario “advertir que el cuestionamiento infundado y malicioso hacia los Ministerios Públicos Fiscales en razón del despliegue de su actividad investigativa, genera un desprestigio institucional injustificado, que conduce a un descreimiento social y al favorecimiento del libre accionar de las mafias delictivas”.
Luego señalan que “resulta inapropiado y ajeno a la naturaleza del instituto, la pretensión de enjuiciar a los miembros del Ministerio Público Fiscal en razón de cuestionamientos vinculados con sus opiniones jurídicas. La corrección de posibles desaciertos de esta índole, tiene remedios procesales establecidos en las normas de rito, y su solución resulta ajena al procedimiento de remoción de los fiscales”.
“La cuestión se agrava cuando los pedidos de enjuiciamientos resultan contemporáneos a la investigación y juzgamiento de personas vinculadas a la vida política, como sucede en las Provincias de Entre Ríos y Santa Fe, por ejemplo”, indicaron.

Autoridades

El Procurador General de Río Negro, Jorge Crespo, fue elegido por sus pares de todo el país como presidente del Consejo Federal de Política Criminal, cargo que ocupará por los próximos dos años.
La elección se llevó a cabo este jueves, en la Asamblea del órgano. El Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina seguirá presidido por el Procurador General de Mendoza, Alejandro Gullé.
De esta forma, con renovadas autoridades, ambos órganos comienzan un nuevo período. En este sentido Crespo destacó que “cada nuevo encuentro de los integrantes de ambos Consejos tienen como objetivo la consolidación de un espacio de intercambio y gestión unificada que permita fortalecer los Ministerios Públicos de todo el país, en el marco del trascendente rol institucional que el Poder Judicial tiene en nuestra República”.
En el mismo sentido afirmó que “además de fijar criterios federales comunes relativos a la política criminal, es de extrema importancia la labor realizada en la gestión, obtención y administración de fondos que impactan directamente en las investigaciones penales a través de la adquisición de equipamiento de última tecnología distribuido en laboratorios de investigación forense ubicados en todo el territorio nacional”.

Se viene otro pedido de desafuero contra Traferri

El fiscal Luis Schiappa Pietra, quien investiga la presunta participación del senador provincial Armando Traferri (San Lorenzo) en una red de juego clandestino, señaló que la acusación que realizó el legislador en contra suya y de su par Matías Edery por presunto “espionaje clandestino” forma parte de “una más de las tantas maniobras del senador para intervenir el normal desarrollo de una investigación penal”. Además, anunció que se avanza en un nuevo pedido de desafuero para el legislador.
Este miércoles, en una denuncia que tiene 40 carillas, Traferri afirmó que los fiscales requirieron de manera ilegal los datos de tráfico de una línea de telefonía celular que el Senado le asignó durante al menos dos años.
Para el fiscal interviniente, se trata de “un panfleto más”, y advirtió que la situación ya “excede lo razonablemente tolerable, hay un nivel de obstaculización del normal desarrollo de una investigación que debería ser advertido por todo el arco político y llamar a la reflexión”.
Según el funcionario del MPA se necesita “un Ministerio Público con una definición clara y contundente de todo el espectro político de cómo vamos a transitar este tipo de investigaciones; esto se debiera traducir en una definición por parte del Senado de cuánto tiempo sostendrán los fueros del senador”.
“Estamos reflexionando sobre un próximo pedido de desafuero, veremos que van a hacer en todo el espectro político”, adelantó el funcionario judicial.
Por último, evaluó que “urge la resolución de la Corte Suprema de Santa Fe que tiene en su despacho una definición central para lo que hoy es una coyuntura política muy importante, si podemos o no investigar corrupción por parte de un senador”.

Fiscales y procuradores