En una audiencia desarrollada en la jornada del jueves se dictaminó la prisión preventiva para Darío S, propietario de Dream House, viviendas industrializadas, bajo la carátula de “estafa” al menos contra 11 personas en esta primera etapa de la investigación.

El hecho salió a la luz públicamente la semana pasada, cuando mediante redes sociales comenzaron a conocerse denuncias de damnificados de distintas provincias del país, quienes aseguraban haber pagado un adelanto o la totalidad de la vivienda y la misma no había sido construida o en su defecto se hizo una edificación básica, precaria o con escaso avance de obra.

En Venado Tuerto es el fiscal Iván Raposo quien está a cargo de la investigación por parte del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Y confirmó que en las últimas semanas ingresaron un total de 77 denuncias.

Doble audiencia

El jueves se “hizo la doble audiencia imputativa y cautelar a un empresario conocido de Venado Tuerto, al cual se le atribuyeron un total de once hechos de estafa. Las mismas se llevaban adelante a través de un ardid, haciendo un contrato de compra-vente de viviendas prefabricadas”, relató Iván Raposo.

Las personas “damnificadas abonaban una cierta cantidad de dinero de acuerdo a su patrimonio. El empresario recepcionaba ese monto, ya sabiendo que no iba a cumplir con las obligaciones pactadas en lo previo. En algunos casos se hizo la platea y en otros, absolutamente nada”, agregó.

Desde el MPA aclararon que resta aún investigar otras 66 denuncias que ingresaron a fiscalía en los últimos días, desde distintas provincias del país.

Fiscal Iván Raposo

Se trata de “contratos celebrados en la ciudad de Venado Tuerto, con damnificados de muchas provincias. Tenemos víctimas de Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, Neuquén entre otras. Y teniendo en cuenta la pena en expectativa y el daño ocasionado, sumado al peligro procesal de fuga producto de los recursos, conexiones y capacidad que él tiene, el Juez entendió que estaban dadas las condiciones para el dictado de la prisión preventiva”, precisó el fiscal.

Capital de las Prefabricas

En el año 2020 hubo un intento legislativo por declarar a Venado Tuerto “Capital nacional de la vivienda industrializada”. La iniciativa había sido impulsada por el bloque de concejales del partido justicialista, referenciados en Patricio Marenghini, quienes solicitaron a la ahora ex senadora María de los Ángeles Sacnun que presente el proyecto en el Congreso.

A la hora de fundamentar la propuesta, destacaban que la ciudad cuenta con 50 empresas del rubro. Y la idea, según Marenghini era “evaluar la posibilidad de crear un cluster o cámara que nuclee a todas las empresas que se dedican a la construcción de viviendas industrializadas interesadas en ofrecer un producto de calidad a los compradores y también contribuir a garantizarles seguridad en su compra”.

En diciembre de 2020, los ediles del PJ anunciaron que sortearían una vivienda pre fabricada, gentileza de Max Construcciones.

Finalmente, el inmueble quedó a medio construir y el empresario abandonó la ciudad, para luego ser detenido en agosto de 2021 en la provincia de Formosa, donde se candidateaba a diputado nacional.

El proyecto legislativo quedó en la nada, ante la permanente aparición de denuncias de incumplimiento por parte de algunas firmas comerciales del sector.

Daño estimado

Desde fiscalía sostienen que “en base a las primeras 11 denuncias la estafa supera los 10.000.000 de pesos, pero debemos sumar a las otras víctimas. Se trata de mucha cantidad de dinero que recibió este empresario a sabiendas de que iba a incumplir. Además, no resolvieron ninguno de los casos, al menos en estos que estamos anoticiados: no hubo respuestas. Lo llamaron telefónicamente, le enviaron correos, en un juzgado de Mercedes fue citado a una mediación y no compareció”, detalló Iván Raposo.

En definitiva “no hubo ningún tipo de explicaciones por el incumplimiento o por la estafa que cometió ante las víctimas. Actualmente es el único detenido, aunque hay otra persona investigada que por ahora no vamos a dar el nombre”, añadió el fiscal.

El próximo paso “es seguir investigando, ya sea sus movimientos bancarios, los artefactos de almacenamiento digital secuestrados en el local comercial donde se desempeñaba. Y trabajar con las restantes denuncias que se encuentran en trámite, para hacer la imputación en el momento oportuno, siempre y cuando advirtamos que hay una comisión de un hecho delictivo”, finalizó Raposo.

Según fuentes oficiales, la empresa no se encuentra prestando servicios en el inmueble en la que estaba instalada sobre Ruta 8. El local fue desalojado y ya no cuenta con el ploteado de la firma comercial.

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