Chiarella, fotos de bandidos y nuevo clima de época

Es notable cómo los climas de época pueden mutar en corto plazo, modificando el sentido común de la sociedad en los más diversos campos, como la seguridad pública, donde el intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, entre otros, asumió la centralidad de una cruzada contra la delincuencia en sus distintas variantes, al igual que Maximiliano Pullaro en la provincia, cosa que en los últimos años se volvió políticamente correcta y electoralmente rentable. Así, la difusión de los rostros de los delincuentes es una elocuente demostración de cuánto se corrió la línea en el curso de unos pocos años. En este sentido, este martes, el primer mandatario local volvió a denunciar a través de sus redes sociales a Maximiliano Ríos, alias "Wacho Maxi", “delincuente, integrante de una banda narco que fue detenido con drogas, más de medio millón de pesos y municiones en su auto”, precisó Chiarella con lujo de detalles. Y cerrando su posteo, acompañado con la fotografía de Ríos, remarcó: “Los delincuentes con nombre y apellido, y mostrando la cara de quiénes son. Esperamos que los jueces lo dejen preso”.

Una línea de acción

Aún hoy se recuerda el momento en que Chiarella, a comienzos de marzo último, no solo citó con nombre y apellido, como ya lo había hecho un año antes, a los hampones locales más peligrosos en medio del acto de apertura de sesiones ordinarias del Concejo Municipal, sino que esta vez también enarboló sus retratos. Y esa escena se erigió en uno de los puntos altos de los nuevos tiempos, hasta que el líder boina blanca superó su propia marca compartiendo en redes sociales las imágenes de un robo cometido en plena calle a fines de mayo último -capturada por la Central de Videovigilancia-, y después fue aún más allá, justificando la exhibición de la cara de los implicados bajo el argumento de que “los vecinos deben saber quiénes son las personas que delinquen" y "para saber de quiénes nos tenemos que cuidar". Y acotó: "Muchas veces se comunica un delito poniendo sólo las iniciales o tapando la cara, pero la verdad es que la gente tiene que saber quiénes son los delincuentes, de quiénes nos tenemos que cuidar, porque le hacen mucho daño a nuestra ciudad". 

Esa misma noche inaugural en la sede legislativa de Sarmiento y Alem, donde ratificó la seguridad pública como una política de Estado municipal (no es casual que en su primera expedición oficial al exterior expusiera en Ecuador sobre sus estrategias locales en el seminario "Seguridad frente a grupos de delincuencia organizada", impulsado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe), el vicepresidente de la UCR santafesina dejó boquiabierto al colmado recinto cuando apuntó a los jueces que “dictan fallos que contribuyen a la inseguridad de nuestra ciudad”, y luego arremetió contra los magistrados Révori y Orso (los citó con nombre y apellido) y los integrantes del Tribunal Federal Oral N° 2 de Rosario “por dictar fallos que generan impunidad, que liberan presos y narcos”. 

A continuación, exhibiendo su fotografía, repudió a los bandidos de “saco y corbata”, en alusión al abogado penalista Antonio Di Benedetto, condenado como jefe de la asociación ilícita que gestó la resonante Megaestafa Inmobiliaria.

Estas filosas expresiones del jefe del Departamento Ejecutivo, que hubieran desatado debates acalorados tiempo atrás, hoy son tomadas con naturalidad por la gente, que en su amplia mayoría agradece esa actitud; en tanto, la oposición local, si bien discrepa, evita confrontar, no tanto por su debilidad ni por el poderío arrasador del intendente -reelecto hace unos meses con el 82% de los votos-, sino porque la considera una batalla perdida, al menos en esta época.

Según algunos analistas avezados en la problemática, la sociedad en general se corrió a la derecha; para otros, son las circunstancias históricas las que establecieron una agenda de derecha; y también tercian los que se despegan de clivajes ideológicos y ponen el eje en la insatisfacción ciudadana en todas las áreas, no con la democracia como sistema de gobierno, sino con sus decepcionantes resultados. En la provincia de Santa Fe, tanto Pullaro como Chiarella, emergentes de la añosa Unión Cívica Radical -partido tradicional si los hay-, interpretaron el hartazgo mayoritario de la ciudadanía en el plano de la seguridad pública (ellos “la vieron”) y se enrolaron en estilos más rigurosos y menos condescendientes respecto de la delincuencia común y el crimen organizado.

Sólo una década atrás

Muy distinto era el escenario 10 o 15 años atrás, cuando la entonces concejala de raigambre justicialista Liliana Rostom, luego de ser funcionaria de varios gobiernos peronistas (en la Secretaría de Servicios Públicos con Roberto Scott de 1995 a 2007, y en la Secretaría de Espacios Públicos con José Freyre de 2007 a 2009), impulsó sucesivos proyectos en el Concejo Municipal entre 2009 y 2021 (el primer mandato en el PJ y los restantes en el vecinalista Nuevo Horizonte), en el mismo sentido que hoy lo ejecuta el intendente Chiarella, aunque con suerte opuesta.

En marzo de 2010, quien era flamante edila oficialista sorprendió con un proyecto que solicitaba a la Cámara de Apelaciones en lo Penal que “se informe periódicamente, en forma mensual, sobre el estado procesal de las investigaciones por presuntos hechos delictivos de los que resulte la intervención tanto de armas de fuego, como de otras armas propias e impropias, según los casos”, y el otro requerimiento, que suscitó un impacto mediático provincial y nacional, sugería que los medios de prensa pudieran publicar las fotografías de los delincuentes condenados por episodios de robo con uso de armas de fuego o armas blancas. 

Sobre ese propósito, Rostom simplificaba: “La gente podrá advertir a la persona con antecedentes de delitos graves” y avisó sobre la conveniencia, como ahora alega Chiarella, de que “la sociedad conozca las caras de las personas procesadas y condenadas con el objetivo de trabajar en prevención”. 

Sin embargo, en esa época no la respaldaron ni sus pares de bloque ni sus adversarios políticos, y surgieron las primeras trifulcas con el intendente Freyre que aceleraron su búsqueda de un nuevo horizonte.

Más adelante, en 2016, ya en Nuevo Horizonte, planteó desde su banca, también mediante un proyecto de resolución, la necesidad de “publicar en todos los organismos y establecimientos públicos los rostros de aquellos delincuentes que se encuentren prófugos y/o evadidos de la Justicia, a los fines de otorgar protección al ciudadano y cumplir con la prevención del delito”. 

Del sucinto repaso se desprende que los planteos de Chiarella en seguridad pública son mucho más osados que los defendidos años atrás por la concejal, uno de los cuales se refería a la divulgación de fotos de condenados, mientras que hoy circulan los rostros de malhechores sin condena judicial firme.

En casi todos sus proyectos, Rostom sufrió un marcado aislamiento en el Concejo Municipal, donde, más allá del apoyo ciudadano que reflejaban las encuestas -desnudaban un cansancio que casi nadie vio a tiempo-, la dirigencia tradicional seguía considerando políticamente incorrecta la convalidación de procedimientos más próximos a la mano dura o, al menos, más lejos de un garantismo que, en los hechos, tributó a un falso progresismo. 

Son contrastes circunscriptos a una ciudad del sur-sur provincial, de menos de 100 mil habitantes, pero que dimensiona fielmente la contundente mutación del clima de época.