Entidades del campo pidieron ampliar la lista de exenciones en el pago de retenciones

Entidades rurales y agroindustriales, junto a productores de distintas economías regionales, reclamaron ante un plenario de diputados nacionales por la imposición de mayores impuestos, en especial derechos de exportación, que quitan competitividad e incrementan los costos de producción y comercialización de muchas pequeñas producciones agropecuarias del interior del país.

Allí, representantes de Coninagro, entidad rural integrante de la Mesa de Enlace, instaron al Gobierno y a los diputados a incorporar otras veinte exenciones al listado de economías sin retenciones para estimular su desarrollo. También se presentó el pedido para eliminar impuestos para la exportación de carnes en zonas definidas como regionales, y también reducir el impacto sobre los granos para devolver competitividad al sector agrícola.

Además, desde las grandes empresas dedicadas a la producción de biocombustibles, aglutinadas en la Cámara Argentina de Biocombustibles (CARBIO), más allá de ponderar la oportunidad de generar una mayor producción de biodesel por el incremento que se dispondría en el corte local en el abastecimiento de combustible, se advirtió el impacto negativo que tendría elevar la alícuota del 31 al 33% en las retenciones para exportar aceite de soja.

Estas consideraciones fueron planteadas por diferentes cámaras y referentes de entidades vinculadas al sector agroindustrial en la Reunión Plenaria realizada en la Cámara de Diputados para debatir el tratamiento del proyecto de Ley Bases y Punto de Partida para la Libertad de los Argentinos, enviado por la Casa Rosada al Congreso Nacional. Allí, la participación de los privados fue presencial y también vía remota.

Impacto directo

Silvina Campos Carles, economista jefe Coninagro, aseguró que la propuesta oficial de promover “una suba de los derechos de exportación representa menores ingresos de forma directa para las economías regionales del Interior del país” y manifestó que “una única alícuota para todas las cadenas de valor restringe la competitividad de las mismas”. La entidad pidió atender los cambios propuestos en la modificación de la Ley de Tarjetas de Crédito y el sistema de riesgo de los warrants.

Aseguró que un nivel del 15% para que tributen retenciones producciones regionales “deja a fuera a muchas de los mercados internacionales” y convalidó la necesidad de “incorporar nuevas” economías regionales al listado de exenciones como “ovoproductos y manufacturas del huevo, frutos secos de Cuyo y el Litoral, todas las semillas, maní nos preocupa, algodón, lino, colza, cártamo, girasol confitero, maíz pisingallo, trigo candeal, tabaco, jojoba, productos orgánicos, vitivinícola, alfalfa y forrajeras”.

“Los efectos de la devaluación se modifican en el corto plazo y la suba de impuestos quedan” (Campos Carles)
Asimismo, la entidad pidió ante el Congreso atender un mecanismo de exención para “todas las carnes, ya que la exportación de carne vacuna, porcina y aviar, deben ser consideradas como un producto regional dependiendo las zonas. Y en los granos, solicitamos incorporar una rebaja parcial, especialmente en cereales, para promover la correcta distribución de cereales y oleaginosas en el mercado local”.

Explicó además que “institucionalmente, tanto el DNU como la Ley Ómnibus, modifican grandes aristas del trabajo técnico, institucional, económico y normativo que realizan las cooperativas del sector agropecuario: por ello los cambios propuestos impactan en muchos de los productos que se discuten (en el Congreso), y especialmente el tema de los derechos de exportación en economías regionales”.

Campos Carles explicó que las medidas propuestas por la Casa Rosada, con efecto sobre el tipo de cambio y suba de retenciones, “modifica la estructura de costos con dinámicas totalmente diferentes: los efectos de la devaluación se modifican en el corto plazo y la suba de impuestos quedan” en el mediano y largo plazo.

Mario González, titular de la Corporación Vitivinícola (COVIAR), rechazó la imposición de nuevos derechos de exportación para gravar la producción de uvas y vinos, ya que consideró que esto va en contra de la “necesidad de producir más, de duplicar la exportación y generar mayor valor agregado”.

“Lamentablemente, nos encontramos con la propuesta de subir al 8% los derechos de exportación, lo que representan unos USD 60 millones. Creo que la medida se tomó desde el desconocimiento (en el Poder Ejecutivo), y ahora en el recinto, con toda esta información y todos los legisladores, se va a poder volver atrás en esta decisión y mantener cero retenciones. Es lo que necesitamos para crecer”, explicó González quien expuso en el Plenario de modo remoto.

El titular de COVIAR, entidad público-privada dedicada a la promoción interna y externa, destacó que la vitivinicultura alcanza a más de 150 mil empleos directos, 17 mil productores en 200 mil hectáreas, distribuido entre 18 provincias, entre las que se destacan Mendoza, San Juan, La Rioja y Salta, destacó la importancia que tuvo contar con “cero retención para nuestras exportaciones, algo que desde lo conceptual es muy importante y básico: no podemos gravar a una economía regional con todas las complicaciones que tiene la vitivinicultura”.

DNU 70/2023 en la conformación y facultades del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), “que elimina la posibilidad de garantizar un precio mínimo para la materia prima, hecho que deja al productor yerbatero de Misiones y Corrientes a la deriva, y a la buena de Dios”.

Peterson comentó que las “herramientas” que propone el INYM “los 13 mil productores minifundistas, con producciones de 5 a 25 hectáreas con yerba mate, no cuenta con condiciones para pelear en un mercado de oferta y demanda, ya que hay que venderle a las industrias, que cuentan con un poder adquisitivo muy grande y que además son productores. Por ello, necesitamos garantizar un precio mínimo y sostén para la actividad yerbatera”.