La costosa obra pública cero en la era Milei

Crisis de abastecimiento del gas natural por redes por falta de inversiones, desesperada audiencia pública en la Legislatura de Santa Fe para reclamar al gobierno nacional que se haga cargo al menos del mantenimiento mínimo de la Ruta Nacional 11, la interminable saga del puente Carretero en emergencia desde fines de marzo que deja con graves problemas de conectividad a no menos de una quinta parte del área metropolitana santafesina, recurrentes fugas de presos porque no hay más remedio que improvisar los calabozos de las comisarías como cárceles, afloramientos de agua potable por doquier porque las redes de distribución no dan más y hundimientos que indican una situación terminal en varios puntos de la ciudad que se asocian a las viejas cañerías troncales de las cloacas, en especial sobre los bulevares Gálvez y Pellegrini. Los baches de años y los que hoy se forman por la constante presencia del agua sobre el asfalto.

La enumeración es seguramente incompleta, pero pretende un repaso de lo que implica, en un sentido amplio, que el país tenga una política de obra pública cero que, en rigor, es anterior al gobierno de Javier Milei. Cuando el crecimiento de una economía es también cero, la infraestructura envejece en el mejor de los casos, y colapsa en el peor.

En la última semana, los argentinos debieron enfrentar una inédita crisis de provisión de gas natural que en las calles se reflejó en la completa falta de GNC, pero que significó en más de cien grandes industrias de uso intensivo de ese combustible su completa paralización. Si el último paro de la CGT significó pérdidas por entre 520 y 544 millones de dólares, ¿Cuál fue y cual será por haber ordenado cerrar las llaves de paso del gas a las empresas con contratos de provisión no interrumpibles? También es válido preguntarse por eventuales juicios.

El problema fue a nivel nacional pero nadie en la ciudad o en la provincia imaginó una rápida respuesta, un plan b, para que al menos hubiera un servicio mínimo de taxis y remises durante la noche del miércoles y la madrugada del jueves. Era obvio que no iban a usar naftas para cubrir horarios poco rentables.

Al cabo de un debate duro sobre las responsabilidades por la falta de gas habrá que decir que la oposición planteó críticas técnicas fundadas y cosechó réditos políticos. Y también que la Casa Rosada sólo logró ofrecer argumentos políticos. Es cierto, la desinversión no comenzó hace seis meses. Pero en ese período se tomó la decisión de dejar sin efecto la licitación de los refuerzos que hubieran permitido aprovechar al máximo al gasoducto Néstor Kirchner, inaugurado solo en su primera etapa en 2023. El nuevo llamado se hizo tarde y los trabajos concluirán recién cuando el invierno comience a despedirse: se perdieron los meses cálidos de menor consumo.

Y las cuentas son sencillas: el gasoducto hoy transporta 11 millones de m3 de gas por día, pero puede duplicar esa cifra. El gobierno nacional tiene una deuda de 40 millones de dólares con las constructoras a cargo y paralizó una licitación clave de enlace. Ahora se importan combustibles de urgencia por 500 millones de dólares, y una falla en la importación (Petrobrás no aceptó una promesa de pago en una carta de crédito sin fondos) paralizó las industrias de las provincias de Buenos Aires y el sur de Santa Fe.

"Obra pública cero", fue la promesa electoral que hoy está en plena inactividad. En efecto, la Argentina ha quedado sin la ejecución de infraestructura básica ni planes de fondo para mantenimiento de la existente. Así, la ya colapsada Ruta 11 está y estará aún peor, como tantas otras. Allí los costos de la ausencia de las inversiones son irreparables.

Una empresa que hace agua

En cuanto a los servicios públicos provinciales se buscará razonar por vía de una comparación odiosa. La Epe y Aguas han seguido modelos diferentes. En la primera los trabajadores han hecho de su productividad y capacitación sus principales armas y cuentan con un convenio nacional envidiable, propio de un servicio monopólico de altas remuneraciones. A cambio de eso, las tareas menos relevantes desde el punto de vista técnico, que antes eran cumplidas por empleados de la compañía distribuidora de electricidad fueron tercerizadas en décadas anteriores, sin que esos terceros tengan acceso a lo medular: mantener, hacer funcionar y multiplicar cada año en por no menos del 5% todas sus redes y sistemas. Funciona como una corporación, con altos costos para el usuario, pero funciona.

En ASSA, en cambio se ha optado por multiplicar la tercerización de los trabajos más importantes y también los menos. La ausencia de ciertas herramientas para la reparación de las calzadas viales en los presupuestos de Aguas Santafesinas demuestra una decisión política, transversal a las sucesivas administraciones de distinto signo político, que hoy obligan a tomar una decisión grave: declarar en emergencia a la prestadora que el Estado volvió a gestionar en febrero de 2006, tras una fallida privatización que no llegó a concretarse en la Epe. Tiempo atrás eso era suficiente para explicar las diferencias, 17 años de transición después ya no.

De hecho, la creciente dependencia de los fondos provinciales para que haya agua potable y se mantengan las cloacas quedó expuesta en el segundo semestre de 2023. No es casualidad que cuando el tesoro de la provincia ingresó en la zona roja del déficit fiscal, y no hubo más plata se produjo un cambio fuerte: sin pagos a las cooperativas y empresas con que habitualmente se tercerizan trabajos las labores se resolvieron con mano de obra propia (y una multiplicación de las horas extras). Por supuesto, como en otros rubros de ASSA hay notorias diferencias norte-sur sobre cómo se encuentra la compañía en sus planteles laborales: en Rosario la situación es peor.

Los cambios a poner en marcha en la emergencia no van a poder encargarse de las inversiones atrasadas sobre las redes de distribución y captación, pero podrán enderezar al menos números que son absurdos. De muestra un botón, o mejor un medidor: cada vez que la empresa pone un caudalímetro cobra 1.700 pesos pero ese aparato le cuesta unos 100.000; y factura 40 mil pesos por una conexión cloacal, aunque su costo real sea diez veces mayor, de $ 400 mil, según lo que esta semana escucharon los diputados de las autoridades del directorio.