A 13.000 kilómetros de Londres...
La cuestión Malvinas y la desalinización
Por Iván Ambroggio
El 2 de abril de 1982 la Junta Militar, usando una causa justa para incrementar su baja legitimidad, puso en marcha la Operación Rosario y embarcó a la Argentina en una guerra con el Reino Unido. El conflicto armado duró 74 días y tuvo como epicentro la disputa por la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y espacios circundantes.
Este enfrentamiento, que dejó 904 muertos y profundas cicatrices en ambos Estados, no resolvió la controversia de fondo, que sigue siendo un tema candente en la política internacional. Argentina reclama las islas con argumentos históricos, jurídicos y geopolíticos sólidos, mientras que el Reino Unido las retiene por razones estratégicas y económicas.
Sin embargo, un factor emergente, como el avance en la tecnología de desalinización del agua de los océanos, podría alterar los intereses del Reino Unido y abrir la posibilidad de una retrocesión británica, similar a la devolución de Hong Kong a China en 1997.
Argentina sostiene su derecho sobre las Malvinas con una base histórica que se remonta a la independencia de España en 1816.
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Tras la emancipación, el país heredó los territorios del Virreinato del Río de la Plata, que incluían las Islas Malvinas. Este principio de sucesión territorial fue inicialmente reconocido por el Reino Unido en 1825, al aceptar la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata.
Sin embargo, en 1833, Londres tomó las islas por la fuerza, desalojando a las autoridades argentinas y estableciendo una colonia británica. Desde entonces, Argentina ha denunciado esta acción como un acto ilegítimo de colonialismo, protestando de manera ininterrumpida en la comunidad internacional.
La Resolución 2065 de la Asamblea General de la ONU, adoptada en 1965, reconoce la existencia de una disputa de soberanía y exhorta a ambos países a resolverla mediante negociaciones pacíficas, considerando los intereses de los habitantes de las islas.
El 28 de abril de 1982, la OEA respaldó formalmente a la Argentina, expresando: "La República Argentina tiene el incuestionable derecho de soberanía sobre las Islas Malvinas".
Este apoyo global y regional pone en entredicho la legitimidad de la presencia británica.
El Reino Unido, por su parte, defiende su control con dos argumentos principales: el principio de autodeterminación de los pueblos y la ocupación continua desde 1833.
Sin embargo, estos puntos son débiles desde la perspectiva del derecho internacional porque se trata de una población implantada por el Estado usurpador, lo que invalida el principio invocado y porque la toma de 1833 fue un acto de fuerza y Argentina nunca dejó de reclamar su soberanía.
Más allá de las cuestiones legales, el Reino Unido mantiene su presencia efectiva en las Malvinas por intereses estratégicos. Las islas están ubicadas en el Atlántico Sur, cerca de la Antártida -la mayor reserva de agua dulce del planeta- y del Acuífero Guaraní, una de las mayores fuentes subterráneas de agua.
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Esta posición geográfica las convierte en un punto clave para controlar el acceso a recursos hídricos vitales, especialmente en un mundo donde el agua potable es cada vez más escasa. Además, la base militar en las Malvinas refuerza la proyección de poder británico en la región, cercana también a los hielos continentales de Argentina y Chile, y al Amazonas.
No obstante, esta presencia tiene un costo elevado. Las Malvinas están a 13.000 kilómetros de Londres, lo que implica un gasto significativo en logística, mantenimiento de la base militar y apoyo a la población local. Este esfuerzo económico solo se justifica mientras las islas ofrecen una ventaja estratégica que no pueda obtenerse de manera más eficiente.
El politólogo estadounidense Robert Gilpin, académico experto en asuntos internacionales, expresó que los Estados intentan su expansión territorial siempre que los costos marginales de ese accionar no sean superiores que los beneficios marginales.
Aquí entra en juego una variable clave en la Cuestión Malvinas: la desalinización del agua, un proceso que elimina la sal del agua de mar para hacerla potable.
Aunque históricamente costosos, los avances tecnológicos están reduciendo su precio, convirtiéndolo en una alternativa viable para países con acceso al océano, como el Reino Unido.
Si la desalinización se generaliza, Londres podría satisfacer sus necesidades de agua sin depender de fuentes lejanas como las cercanas a las Malvinas. Esto pondría en duda la rentabilidad de mantener una base militar tan distante y costosa. Un paralelo histórico ilustra esta posibilidad: la devolución de Hong Kong a China en 1997.
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En ese caso, el Reino Unido reconoció que el costo de mantener el control superaba los beneficios, tanto económicos como políticos, y optó por una retrocesión negociada.
De manera similar, si la desalinización elimina la necesidad estratégica de las Malvinas, el Reino Unido podría concluir que el gasto en las islas no se justifica. Esto abriría la puerta a negociaciones con Argentina para una transferencia ordenada del territorio.
Conclusión: los avances en el proceso de desalinización podrían cambiar el statu quo, reduciendo la dependencia británica de recursos lejanos y haciendo innecesario el costo de mantener una base de operaciones en el Atlántico Sur.
Como ocurrió con Hong Kong, una retrocesión a Argentina podría convertirse en la opción más pragmática, cerrando una disputa de casi dos siglos y abriendo un nuevo capítulo en las relaciones entre ambos países. Mientras tanto, el pueblo argentino añora el reencuentro de su patria con las perlas del sur.
*Analista internacional, docente universitario, autor del libro Malvinas, viajó a las islas en 2019.
