La ley de Bases se negocia bajo un fuerte torniquete fiscal

Producto de la motosierra, en marzo las provincias recibieron del gobierno central -82% de transferencias no automáticas; la comparación interanual para Santa Fe fue de -87,1%. Y producto de la recesión, en concepto de coparticipación automática -incluyendo leyes especiales y compensaciones- la caída de los giros nacionales a provincias fue de -28,1%, lo que a la Casa Gris le representó -27,6% de recursos a valores reales.

Siempre en marzo, la recaudación nacional por el impuesto a las Ganancias -que se coparticipa- cayó 40,2%, consecuencia fundamentalmente de los recortes que el peronismo impulsó en el cierre de la frustrada campaña de Sergio Massa. El IVA (-14,8%) o los impuestos internos también coparticipados (-15%) recortaron fondos coparticipables a las provincias porque la actividad económica está en recesión, en el marco de un ajuste cuya ortodoxia ha merecido advertencias del FMI, que "corre por izquierda" a Javier Milei.

La recaudación fiscal que creció en marzo en la Argentina fue la del impuesto sobre los dólares -conocido como impuesto País- que subió 318,5% y se apunta para ser otro recurso "provisorio para siempre" de la Argentina que pone el carro delante de los caballos. Y los derechos de exportación -benditos sean los productores agropecuarios- que subieron 62,5% a las puertas del "trimestre de oro", cuando la cadena agroindustrial más aporta dólares genuinos al país, con las cosechas de soja y maíz.

Desde los '90, el gobierno central dejó a las provincias con la responsabilidad de dar servicios de salud y educación sin transferir los recursos; los gobiernos subnacionales quedaron bajo discreción del presidente de turno. La reforma constitucional del '94 fracasó en su intento por configurar un semi-presidencialismo que atenúe ese sesgo. La foto de gobernadores con recursos insuficientes, que repusieron para subsistir los Ingresos Brutos (un atentado a la productividad), refleja el espanto que los lleva a negociar ante la autocracia por derecha de Javier Milei, sucesora -consecuencia- de la autocracia populista y empobrecedora del kirchnerismo.

Cámara de Senadores. Crédito: Xinhua/Martín Zabala

"Sin ley de Bases no hay plata, porque no vamos a tener de dónde repartir", advirtió Guillermo Francos antes de reunirse con los mandatarios de Juntos por el Cambio en la Rosada. A la salida de la reunión, el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro -que se negaba a la reposición de la cuarta categoría de Ganancias- reconoció que avalaría que se vote en el Congreso la restitución de ese gravamen sobre los "ingresos altos", aunque con una base de imposición alta y alícuotas progresivas. La necesidad tiene cara de hereje.

La ley de Bases se negocia en el quicio, entre el fracaso del "Estado presente" y la promesa de un incomprobable mercado redentor. Lo hace articulando "lo posible" -el arte de la política- dentro del Estado del que Milei reniega.

Pagar a jubilados, docentes, médicos o policías, hacer infraestructura para el desarrollo humano y económico, son propósitos en los que el kirchnerismo mintió mientras dilapidaba recursos en corrupción y asistencia social anabolizada. Son objetivos en los que La Libertad Avanza no se compromete desde el gobierno central.

Javier Milei. Crédito: Xinhua/Martín Zabala

La compensación nacional para mitigar el déficit previsional santafesino, el refuerzo presupuestario a la educación pública, la inversión en rutas y puentes bajo jurisdicción nacional, la asistencia social efectiva, son materias sensibles atrapadas en medio del cambio de paradigma que plantea un gobierno central con legitimidad de origen, pero que aún se conduce por debajo del umbral de la calidad institucional que la República requiere.

Mientras Economía procura que los logros financieros -dólar estable, baja del riesgo país- y la reducción en la velocidad de la inflación se conviertan en cimiento para la urgente recuperación económica, el principio de acuerdo del ministro del Interior con gobernadores de Juntos por el Cambio es un paso importante de una gestión que aún debe convalidarse en el Congreso, tras el fracaso de la Ley Ómnibus y el fallido relativo del DNU.