Reforma Constitucional

Por Bryan J. Mayer (*)

En el departamento Castellanos, en sintonía con toda la provincia, los políticos de la mayoría de los espacios niegan la posibilidad de discutir la eliminación del Senado provincial. Esto es: lograr la famosa unicameralidad, término que exige explicarle al vecino que en Santa Fe el poder Legislativo tiene dos cámaras, al igual que el Congreso de la Nación. Es decir, además de los Diputados están los Senadores departamentales. Ellos resultan de fácil identificación contrario a medidas que cualquiera pueda citar como beneficiosa para la vida cotidiana, puesto que ellos suelen llevar décadas en sus bancas a costa del clientelismo político que la propia comunidad política sistematizó, entre otras formas, a través del mal llamado “Fondo de Fortalecimiento Institucional”:

Ese “fondo”, que entrega a los legisladores (que sólo deberían legislar) potestades del poder Ejecutivo, es actualmente de $40 millones por mes. Nació en 2012 cuando el gobernador de turno necesitaba torcer la mayoría en contra suya en el Senado. No incluye sueldos para ellos, ni sus asesores, ni viáticos, ni nada más que dinero para repartir. Otra vez, una medida de políticos para políticos. Sobre la aclaración entre paréntesis, vale profundizar que los ciudadanos merecen una trayectoria impositiva más directa, eficiente y transparente donde el recorrido de su aporte se transforme en obras, servicios o medidas que beneficien al sector que corresponde. Esa responsabilidad recae, en la mayoría del planeta, exclusivamente en los distintos niveles del poder Ejecutivo (comuna, municipio, provincia o nación). Un legislador no debe administrar ni repartir dinero, debe legislar.

Lo imposible

Si un santafesino quisiera disponer de ese mismo monto, debería sembrar y cosechar 125 toneladas de soja u ordeñar alrededor de 90.000 litros de leche, si se trata de un productor agropecuario. Un carnicero debería vender más de 10.000 kilos de asado. Los ejemplos sobran y sólo se tienen en cuenta los montos de facturación, sin descontar inversiones, pérdidas, robos, desgaste, impuestos y miles de gastos más que los senadores no tienen noción: ellos tienen para repartir mes tras mes sin excusas. No hace falta decirlo: el de ellos es un escenario imposible para la inmensa mayoría de los santafesinos. Nada define mejor al término “privilegio”.

La trampa

“El senador nos trajo plata para pintar la pileta del club” suele contar algún vecino con frecuencia, para al mes siguiente mencionar con entusiasmo que “el senador ahora puso para las filtraciones”. La trampa buscada por la casta funciona a la perfección: por un lado, logran posicionarse como los dueños de un dinero que en realidad no les pertenece, sino que son de cada contribuyente, por el otro, no resuelven ningún problema de fondo, solamente emparchan con migajas lo necesario para generar una relación de dependencia con entidades que se vuelve a simple vista en clientelismo político. Todos los meses habrá una excusa para ofrecer un sobre con cifras irreverentes para el fondo total.

La trampa va más allá: en cada elección, también, se encargan de poner en el subconsciente de la comunidad que “deben votar al senador para seguir recibiendo el sobre” o como una devolución de favores. Todos supuestos y reclamos falaces y que no buscan más que amedrentar la libre voluntad popular.

El negocio

Si el senador departamental reuniría todo el dinero que tuvo a disposición para repartir durante casi 13 años, se podrían haber hecho casi 150 kilómetros de camino de la ruralidad (el departamento Castellanos de punta a punta); más de 12 de pavimento; comprar alrededor de 142 patrulleros para la policía o 32 camiones recolectores de basura, sólo por ejemplo.

Lo cierto es que, más allá de comparaciones teóricas, lo fáctico demuestra algo contundente en torno a los senadores y la fortuna de dinero que tienen a disposición: la realidad de los departamentos sigue igual que hace décadas y el sostenimiento del senado es una caja negra donde se gastan casi $100 mil millones anualmente (varios puentes nuevos como el que unirá Santa Fe y Santo Tomé) sin que los santafesinos podamos acceder a cuentas claras que expliquen en qué se gastan sus impuestos.

Al no haber transparencia pública de calidad y habiendo tantos fondos para disponer a discreción, la sospecha de manejos espurios, idas y retornos ilegítimos solamente aumentan entre los comentarios de especialistas y vecinos. Nadie sabe dónde va a parar el resto de los $40 millones que no son entregados en cifras irrelevantes. Frente a ello, los políticos de siempre solamente buscan mantener el privilegio.

Por eso, algunos en la provincia promovemos la posibilidad no solamente de terminar con los privilegios y posibilitar el acceso a la información pública, sino que pretendemos poner en el debate de la nueva Constitución Provincial la eliminación del senado y tener un sistema legislativo unicameral como, por ejemplo, el de Córdoba. Allí, contrario a lo manifestado por defensores de un Estado gigante y bobo, no hubo menos Democracia, sino cuentas más claras y menos gastos en política. Es decir: se logra una mayor Democracia al hacerla más efectiva y menos contaminada.

La ley de reforma constitucional habilita la discusión por artículos y por temas. Esta segunda parte es, inconsciente o deliberadamente, omitida por la mayoría de los representantes de otros partidos, quienes argumentan que suprimir el senado es imposible. Por ello resulta importante resaltar que el tema legislativo está en debate y el Senado es parte de ello, por más que a muchos no les convenga.

(*) Candidato a convencional constituyente en el departamento Castellanos por La Libertad Avanza (LLA)