Reforma constitucional: oportunidad de empoderar a municipios y comunas

Estar más cerca de las demandas de los vecinos no debe ser considerado -ni ejecutado- como sinónimo de populismo. Sino de eficacia pública. Para ello, mayor autonomía, más control ciudadano, menos intermediarios, menos costo por burocracia y menos dependencia de otros niveles estatales puede ser una fórmula inicial para alcanzar soluciones superadoras y sustentables. Quizá, para eso, sea necesario cambiar (y hasta revertir) algunos procedimientos administrativos vigentes para la administración de recursos. En esa línea, muy al comienzo de la Constitución Nacional, precisamente en el artículo 5, se establece que “Cada provincia dictará para sí una Constitución […] que asegure su administración de justicia, su régimen municipal y la educación primaria”. Aunque esas palabras parezcan ser suficientes para una situación idílica en lo administrativo, la realidad indica que aún falta más. Si bien a comienzos del siglo pasado nuestra provincia fue pionera en materia de autonomía municipal, la actualidad la ubica muy rezagada a luz de los desafíos actuales, las demandas de los vecinos y las dificultades para resolverlas.

En Santa Fe, una autonomía municipal robusta permitiría soñar con un manejo económico-financiero que entregue al pueblo mayor control del uso de sus impuestos y un efecto más directo en las acciones que las autoridades decidan como contraparte. Es decir, que lo recaudado se aproveche con mayor efectividad allí donde se recaudó y no se disipe en gastos superfluos o inconducentes para la realidad local o regional de cada caso.

Los eventuales beneficios de estos cambios no son exclusivos de las grandes ciudades. Incluso cuando se analiza la posibilidad de trabajar en las regiones de la ciudad de Santa Fe y de Rosario, respectivamente, como metrópolis. Todas las comunas y municipios podrían contar con mayor autonomía y correspondencia fiscal: una Democracia más directa para la gestión de recursos. Esto les daría mayor libertad administrativa en cuanto a la buena -o mala- relación que tengan con el gobernador de turno y la asignación consecuente de partidas provinciales. Esto significa que el pueblo no quede a merced de la relación personal entre su intendente o jefe comunal y el gobernador de turno.

Más allá del planteo anterior, con rasgos de diseño macro institucional, la discusión medular de la pregunta en el titular, que dispara estas líneas, encuentra la base en el reparto de competencias y de recursos en nuestra provincia. Sobre lo primero, y en tiempos de innovación y sinceramiento político, un paso más hacia la autonomía municipal (después de la aprobación de las primeras cartas orgánicas municipales hace más de 90 años, aunque luego suspendidas) sería pensar en la posibilidad de que intendentes y jefes comunales puedan tener mayor injerencia en la prestación de bienes y servicios públicos, hoy de carácter casi exclusivamente provincial, como la seguridad, la salud y la educación en sus distritos.

Establecer un mecanismo o procedimiento regulador para que un intendente pueda participar de la elección del jefe de Policía local, del director del Samco local y del titular de la Regional de Educación -para así poder responder más directamente a los intereses y necesidades de los vecinos que lo votaron y no ser un mero intermediador como actualmente ocurre en muchos casos- sería toda una novedad para hacer más efectivas aún las herramientas institucionales de Santa Fe. Quizá sea necesario destacar que con participar de la elección de nombres no alcanza para satisfacer con mayor eficacia las necesidades sociales de cada comunidad, sino que se vuelve indispensable la participación en las políticas regionales y/o provinciales que se tomen en materia de seguridad; salud y educación para un trabajo coordinado y que pueda desprenderse fácilmente de la coyuntura ideológica o partidaria que eventualmente ocurra.

En el último ítem resulta conveniente plantear la posibilidad de que el manejo del presupuesto para la atención primaria de salud (ver por caso Rosario) y los programas de inclusión social (incluidas las escuelas de oficios) sean administrados en el nivel municipal o comunal, reservando la alta complejidad y los hospitales regionales para la provincia. Aquí podría ponerse el foco en los diversos pedidos sobre salas de enfermería o talleres educativos que son reclamados en varias localidades con una población pequeña en cantidad y los mecanismos para que las comunas puedan hacerse de los fondos necesarios para su creación, mejora y/o desarrollo según cada particularidad.

En lo concerniente a la seguridad, para hacerla más democrática, consciente de las necesidades locales y para individualizar aún más las responsabilidades que correspondan ante una buena o mala gestión, resulta imprescindible para los jefes municipales poder ser al menos parte de la estrategia de seguridad de su propio distrito y que no se diluyan sus particularidades en una estrategia macro que, a veces, es definida por alguien que no conoce la realidad de tal o cual localidad en detalle, en medio de una provincia de gran extensión y con un importante desequilibro poblacional que implica una realidad mixturada. Realidad que, también, necesita de herramientas para que la provincia pueda tener herramientas de control más prácticas ante eventualidades de nivel municipal.

En términos de ejercicio de obras públicas, buscando una economía circular propia que se retroalimente, a veces resulta poco práctico, y con bajo o nulo impacto positivo en las economías locales o regionales, que la provincia capitalice la mayoría de las obras públicas de mediana o pequeña magnitud. Por ejemplo, puede resultar lógico que el nivel provincial asigne licitaciones de pavimentación de calles internas a empresas ajenas a una pequeña comunidad, por la falta de ofertas, pero una medida igual puede ser perjudicial para ciudades más desarrolladas y que tienen su propia posibilidad de resolución con actores locales. Lo mismo ocurre con planes de vivienda, donde a veces es mejor la intervención directa de la provincia y a veces que el municipio pueda avanzar por sí mismo, con los fondos correspondientes para cada caso. Otros ejemplos de obras corrientes podrían enumerarse incansablemente. Todos conducen a lo mismo: revisar los procedimientos y criterios.

Si hablamos de reparto de responsabilidades, y en vistas de algunos inconvenientes para resolver problemas en espacios abiertos o zonas rurales, vinculados a lo medio ambiental o a la malicia humana irresponsable, la posible reforma constitucional abre también la posibilidad de determinar bien los márgenes en la cuestión. Aunque quizá sea tema para una discusión exclusiva, considerando los hechos de abigeato y el deterioro de caminos rurales cada vez peores, entre otras problemáticas del sector. Al igual que la posible obligación de entes externos que controlen la gestión de las arcas de aquellas localidades que tienen entre 100.000 y 200.000 habitantes. Lo importante, de momento, es atender el llamado de las últimas elecciones, que exige bajar el costo político del funcionamiento del Estado y administrar con responsabilidad los recursos de todos los vecinos. La respuesta debería ser, de mínima, abrir el debate para ello.

En momentos donde se plantea una posible reforma constitucional, que será perdurable en el tiempo, trascendiendo épocas y nombres; y con la posibilidad de generar un impacto real en la estructura de vida de los santafesinos, resulta imperante no reducirla a una sola cuestión ajustada a los intereses políticos del momento y sumar en la agenda el debate de aquellos elementos que la gente necesita resolver para vivir mejor e ir a fondo con la discusión de cada uno de ellos.